14 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que una Jueza de Control vinculó a proceso a dos hombres por su probable participación en un delito de extorsión en Playa del Carmen.
Los imputados fueron identificados como Daniel Guillermo “N” y Daniel “N”, quienes presuntamente exigieron un pago mensual de 10 mil pesos a la encargada de un puesto ambulante de artesanías ubicado en la colonia Centro, específicamente en la calle 6 con 5ta Avenida.
Según la investigación, el 1 de septiembre ambos sujetos habrían amenazado con disparar contra el puesto si no se realizaba el pago conocido como “derecho de piso”. Además, proporcionaron un número telefónico para que la víctima enviara un mensaje por WhatsApp, a través del cual le enviaron una cuenta bancaria para depositar el dinero exigido.
Tras la denuncia presentada por la víctima, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra los señalados. La detención se cumplimentó y los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
Después de analizar los datos de prueba y los alegatos de las partes, la Jueza de Control dictó la vinculación a proceso para Daniel Guillermo “N” y Daniel “N”. Asimismo, les impuso prisión preventiva por 12 meses como medida cautelar mientras se desarrolla el proceso legal.
FGE vincula a proceso a dos sujetos por extorsión
Este caso refleja la atención que la Fiscalía General del Estado brinda a los delitos que afectan a comerciantes y ciudadanos en Playa del Carmen. La vinculación a proceso es un paso clave para garantizar que los presuntos responsables enfrenten la justicia y se investiguen a fondo los hechos.
La medida cautelar de prisión preventiva busca asegurar la presencia de los imputados durante el proceso y evitar que puedan interferir en la investigación o intimidar a la víctima.
Impacto y seguimiento del caso en Playa del Carmen
La denuncia y posterior acción legal evidencian la importancia de que las víctimas de extorsión acudan a las autoridades para denunciar. La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.
Este caso también pone en relieve la problemática del cobro de “derecho de piso” en zonas comerciales, un delito que afecta la economía local y la seguridad ciudadana.
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