Quintana Roo, 4 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión contra David Roa Quintanar. La resolución judicial se dictó por el delito de incumplimiento de las obligaciones del orden familiar, específicamente por no cubrir la pensión alimenticia a sus tres hijos menores de edad.
La Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género presentó las pruebas que permitieron esta condena. El caso se originó tras la separación de la madre de los menores, cuando David Roa Quintanar asumió la responsabilidad de pagar una pensión alimenticia mensual de 32 mil pesos desde octubre de 2019.
Sin embargo, el sentenciado incumplió con el pago total de esta pensión desde esa fecha. Solo realizó depósitos parciales, lo que generó un adeudo acumulado de un millón 13 mil 950 pesos hasta febrero de 2024. Esta situación afectó directamente el bienestar económico de sus hijos.
FGE Quintana Roo logra justicia en caso de pensión alimenticia
Con base en las evidencias presentadas, la autoridad judicial impuso la pena privativa de libertad y ordenó el pago íntegro del adeudo por concepto de reparación del daño material. Esta sentencia representa un paso importante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares en Quintana Roo.
La resolución también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad legal que tienen los padres en el cuidado y sustento de sus hijos. La Fiscalía Especializada continuará trabajando para proteger los derechos de los menores y sancionar a quienes incumplan con sus deberes.
Impacto y seguimiento de la sentencia en Quintana Roo
Esta condena busca prevenir futuros incumplimientos y fortalecer la protección jurídica a las familias afectadas. Además, establece un precedente para casos similares en Benito Juárez y otras regiones del estado. La FGE mantendrá la vigilancia para asegurar que se cumpla con la reparación del daño y la pena impuesta.
El seguimiento de esta sentencia será clave para evaluar la efectividad de las acciones legales en la defensa de los derechos de los niños y niñas en Quintana Roo.
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