Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- El senador Gerardo Fernández Noroña logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por violencia política en razón de género contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.
El TEPJF determinó que el tribunal estatal no fundamentó ni motivó adecuadamente su análisis sobre la inmunidad parlamentaria que protege a Fernández Noroña. Por ello, ordenó que se emita una nueva resolución que considere integralmente los argumentos del senador y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fernández Noroña, quien ha acusado en varias ocasiones a Grecia Quiroz de tener ideologías de ultraderecha y de ser “fascista”, celebró el fallo en sus redes sociales con la frase “la justicia cojea pero llega”.
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Revisión del caso y nueva resolución
El tribunal de Michoacán deberá analizar nuevamente si las expresiones denunciadas por la alcaldesa guardan relación funcional con el ejercicio legislativo de Fernández Noroña. Además, las magistraturas locales tendrán que explicar el parámetro constitucional utilizado para determinar la posible violencia política en razón de género.
Este caso ha generado críticas, como la de Karla María Estrella, quien fue obligada a disculparse con la diputada Diana Karina Barreras por denuncias similares. Estrella condenó que los legisladores logren revocar sentencias para evaluar si están protegidos por su fuero, lo que a su juicio reduce el rigor y escrutinio que deberían tener.
Impacto y próximos pasos en la política nacional
Hasta el momento, Grecia Quiroz no ha emitido declaración sobre la revocación de la sanción. El nuevo análisis del tribunal estatal será clave para definir si Fernández Noroña enfrenta o no una sanción por violencia política en razón de género.
Este caso pone en evidencia las complejidades legales en torno a la inmunidad parlamentaria y la protección contra la violencia política hacia las mujeres en cargos públicos. La resolución del TEPJF marca un precedente para futuros casos similares en México.
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