Ciudad de México, 24 de junio de 2026.- El Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) manifestó su respaldo a una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La propuesta permitiría que corredores públicos y notarios realicen notificaciones y emplazamientos judiciales a solicitud de las partes.
El presidente del CNCPM, Carlos Roberto García Ángeles, señaló que esta reforma representa una oportunidad para hacer más accesible y eficiente la justicia en México. Destacó que acercar los servicios judiciales a la ciudadanía facilita que las personas ejerzan sus derechos de manera oportuna.
La iniciativa, presentada el 29 de abril por la diputada Julieta Villalpando Riquelme, plantea modificar varios artículos del Código Nacional, incluyendo el 194 y los artículos 196 a 210. El objetivo es ofrecer alternativas que agilicen los procesos judiciales y reduzcan la carga operativa en los tribunales.
El proyecto será analizado en comisiones legislativas antes de ser sometido a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, continuará su trámite en el Senado de la República para su eventual ratificación.
Carlos Roberto García Ángeles agregó que la iniciativa reconoce las capacidades institucionales existentes y las pone al servicio de la sociedad. Subrayó que cada día que se acorta un procedimiento judicial representa un avance para la protección de los derechos de las personas.
Impacto esperado en la justicia civil y familiar
La reforma busca facilitar que corredores públicos y notarios puedan realizar diligencias como notificaciones personales de resoluciones judiciales, requerimientos y otros actos procesales. Esto permitiría que los procesos civiles y familiares se desarrollen con mayor rapidez y eficacia, beneficiando a quienes requieren acceso ágil a la justicia.
Próximos pasos legislativos
Tras el análisis en comisiones, la iniciativa será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados. En caso de obtener la aprobación, pasará al Senado para continuar con el proceso constitucional. El debate legislativo se centrará en la viabilidad y alcance de las modificaciones propuestas para optimizar los procedimientos judiciales.
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