Nueva York, 1 de julio de 2026.- Familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro en un tribunal federal de Brooklyn, Estados Unidos. La querella acusa a Maduro de ordenar ejecuciones extrajudiciales a través de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) entre 2017 y 2020.
El documento legal, de 44 páginas, sostiene que estas muertes forman parte de un patrón sistemático de violencia estatal durante el gobierno de Maduro. Las FAES, disueltas en 2021 tras denuncias internacionales, habrían actuado como un “escuadrón de la muerte” para reprimir la disidencia y controlar socialmente a sectores vulnerables.
De acuerdo con la demanda, los agentes ingresaban a los barrios en horas de la madrugada, vestidos de negro y con el rostro cubierto, separando a los hombres de sus familias para luego ejecutarlos. Posteriormente, las autoridades habrían fabricado versiones oficiales que justificaban las muertes como resultado de una supuesta resistencia a la autoridad.
La querella también señala que el sistema judicial venezolano ha impedido que se investiguen y sancionen estos crímenes, lo que ha motivado a las familias a buscar justicia en tribunales internacionales bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos. Las identidades de los familiares se mantienen protegidas por razones de seguridad.
Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York, enfrentando cargos penales relacionados con narcotráfico y posesión de armas. La demanda civil podría complicar aún más su situación legal, aunque se espera que solicite inmunidad alegando su condición de jefe de Estado, según reportes de medios internacionales.
Contexto de la represión en Venezuela
Durante su mandato de 2013 a 2026, Maduro fue acusado repetidamente de utilizar la represión para mantenerse en el poder. Las denuncias contra las FAES incluyen abusos documentados por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, que describen un ambiente de terror en los barrios de bajos ingresos.
Repercusiones legales y sociales
La demanda busca una compensación económica para las familias afectadas y representa un nuevo capítulo en la presión internacional contra el gobierno venezolano. Este caso refleja el creciente uso de tribunales extranjeros para denunciar violaciones de derechos humanos cuando los sistemas locales no garantizan justicia.
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