Internacional, 24 de junio de 2026.- Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos autorizó la reanudación del programa de deportaciones aceleradas impulsado por la Administración del expresidente Donald Trump. Esta medida permite expulsar rápidamente a inmigrantes sin la oportunidad de comparecer ante un juez, extendiendo su aplicación a todo el territorio nacional.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, revocó la suspensión previa dictada por la jueza de distrito Jia Cobb en agosto de 2025. La suspensión había bloqueado temporalmente la ampliación del uso de este procedimiento, que Trump implementó para deportar a extranjeros que no pudieran demostrar residencia continua en Estados Unidos por al menos dos años.
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El juez Justin Walker, designado por Trump y autor del dictamen mayoritario, sostuvo que la administración tiene facultad para aplicar las deportaciones aceleradas en la extensión aprobada por el Congreso. Según su opinión, el procedimiento no viola el derecho al debido proceso, ya que los inmigrantes reciben notificaciones sobre los cargos y la posibilidad de responder con pruebas.
Debate sobre el debido proceso y riesgos del procedimiento
El fallo generó críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Anand Balakrishnan, abogado del grupo Make the Road New York, señaló que la decisión socava el principio fundamental de que los migrantes reciban un debido proceso justo. Esta organización había presentado la demanda que llevó a la suspensión inicial del programa.
Por su parte, el juez Robert Wilkins, nombrado por Barack Obama, discrepó con sus colegas y calificó el procedimiento como inadecuado para quienes se encuentran dentro del país, ya que no se les pregunta cuánto tiempo han vivido en Estados Unidos antes de ser deportados.
Restricciones a arrestos en cortes y detenciones temporales
En contraste con el fallo favorable a las deportaciones aceleradas, un juez federal de California, P. Casey Pitts, prohibió los arrestos de inmigrantes en las cortes de inmigración y redujo el tiempo máximo de detención temporal de 72 a 12 horas. Esta decisión restablece las políticas previas que limitaban los arrestos en lugares sensibles como tribunales, hospitales y escuelas.
El juez Pitts calificó las tácticas de la Administración Trump como arbitrarias y señaló que no se justificó adecuadamente el cambio de política, tal como exige la Ley de Procedimiento Administrativo. Este fallo responde a un caso de un solicitante de asilo arrestado tras una audiencia en San Francisco.
El asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, criticó el fallo como un activismo judicial que afecta la aplicación de las leyes migratorias. Asimismo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su rechazo a la decisión judicial.
Estos fallos reflejan la complejidad y polarización en torno a la política migratoria en Estados Unidos, con impactos directos sobre miles de inmigrantes y el funcionamiento del sistema judicial migratorio.
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