Ciudad de México, 1 de septiembre de 2026.- Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del exedil Carlos Manzo, denunció su despido del Ayuntamiento de Uruapan. La exfuncionaria aseguró que su separación laboral ocurrió tras ampliar su declaración ante la Fiscalía General del Estado por el homicidio del exalcalde.
Yesenia Méndez indicó que contaba con una base laboral desde 2021 y que recurrirá a tribunales para defender sus derechos. No descartó que su despido esté vinculado con la información que aportó recientemente ante la Fiscalía.
En su declaración, detalló el vínculo laboral que mantuvo con Samuel “N”, detenido por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo. Además, solicitó esclarecer la relación laboral y personal que el exedil habría tenido con la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz.
También cuestionó el incremento salarial que recibió Samuel “N”, quien llegó a percibir hasta 70 mil pesos mensuales, según recibos de nómina que presentó. El pasado 24 de agosto, Méndez pidió investigar quién entregó la agenda privada del exalcalde a Samuel “N”.
Contexto y denuncias laborales en Uruapan
El despido de Yesenia Méndez se suma a la salida de una veintena de policías municipales que no acreditaron el examen de control de confianza. La exsecretaria particular afirmó que su despido no la intimidará y exigió que las investigaciones se realicen con pruebas y no mediante descalificaciones.
La denuncia de Méndez Rodríguez aporta elementos para esclarecer el homicidio del exedil y cuestiona posibles irregularidades en la administración municipal actual. Su caso refleja tensiones en el Ayuntamiento de Uruapan y la búsqueda de justicia en un contexto de violencia política.
Implicaciones y próximos pasos en la investigación
La exfuncionaria anunció que defenderá sus derechos laborales en tribunales y seguirá aportando información para esclarecer los hechos. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones sobre el homicidio de Carlos Manzo y las posibles responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios.
El caso mantiene la atención pública y plantea dudas sobre la gestión municipal y la seguridad en Uruapan, Michoacán. El seguimiento judicial y administrativo será clave para resolver las denuncias y garantizar transparencia.
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