Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- La exsecretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, acusó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de ordenar la asignación de contratos a empresas vinculadas con el empresario Sergio Carmona Angulo durante su gestión entre 2017 y 2022.
En un video difundido en sus redes sociales, Molina Gamboa explicó que enfrentaba denuncias penales por esos contratos y decidió revelar cómo se tomaron las decisiones. Aseguró que Cabeza de Vaca mantenía el control sobre la proveeduría y contratos con intereses económicos y políticos, mientras ella se encargaba de los asuntos técnicos y operativos.
La exfuncionaria señaló que recibió indicaciones directas para adjudicar contratos a las empresas Grupo Industrial Permar y Hauser a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, cuyo titular en ese entonces era Alejandro Aguilar Pogner, responsable de supervisar el cumplimiento de esas órdenes.
Cabeza de Vaca contratos y la cadena de mando
Molina Gamboa vinculó a Sergio Carmona Angulo con una red de presunto contrabando de hidrocarburos y reconoció que los contratos forman parte de las denuncias penales que enfrenta. Sin embargo, pidió que se investigue a toda la cadena de mando y no solo a los cargos subalternos.
La exsecretaria insistió en que no es justo que la responsabilidad recaiga únicamente en funcionarios de menor rango, cuando las instrucciones provenían del exgobernador. También solicitó que se investiguen posibles amenazas o actos de intimidación contra ella y su familia.
Denuncias y daño al erario en Tamaulipas
El caso está relacionado con 70 denuncias presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas en agosto de 2025 por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento hospitalario. De estas, 14 son penales y señalan un daño al erario por 343 millones 966 mil pesos, con recursos estatales y federales involucrados.
Entre las empresas señaladas están Grupo Industrial Permar y Grupo Industrial Joser, que recibieron contratos durante 2017 y 2018. La Secretaría informó que las operaciones bajo investigación alcanzan alrededor de 500 millones de pesos, con posibles irregularidades en adjudicación y pagos.
El seguimiento de estas denuncias determinará responsabilidades y posibles sanciones en la administración pública estatal.
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