El caso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y criminales para la llamada Cuarta Transformación sumó un nuevo episodio este jueves, luego de que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se entregara a autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.
El exmando policiaco aparece dentro de una acusación presentada ante un tribunal federal de Nueva York, donde autoridades estadounidenses señalan a altos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de supuestamente colaborar con estructuras del narcotráfico. El señalamiento golpea directamente al entorno político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un momento de fuerte presión nacional e internacional.
De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, Marco Antonio Almanza habría participado presuntamente en operaciones policiales que permitían al grupo criminal actuar con protección institucional dentro del estado. Las acusaciones incluyen supuestos mecanismos para eliminar rivales, facilitar operaciones y brindar cobertura a integrantes del cártel.
La entrega voluntaria del exfuncionario ocurre apenas días después de que varias figuras cercanas al llamado “caso Rocha Moya” comparecieran ante autoridades mexicanas. El tema escaló rápidamente debido a que la investigación ya involucra nombres clave de Morena, mandos de seguridad y funcionarios ligados al aparato estatal de Sinaloa.
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Caso Rocha Moya sacude a Morena y a la 4T
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que varios funcionarios sinaloenses operaron presuntamente en beneficio del Cártel de Sinaloa. La acusación incluye a políticos, exjefes policiacos y mandos de seguridad que habrían utilizado estructuras gubernamentales para favorecer actividades criminales.
Entre los nombres mencionados aparecen el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil. También figuran excomandantes y responsables de seguridad pública estatal.
El impacto político del caso crece porque Estados Unidos no solo señala a operadores criminales, sino directamente a figuras con poder institucional. Analistas consideran que esta situación representa uno de los golpes más delicados para la narrativa de combate a la corrupción impulsada por la 4T.
Además, el escándalo ocurre en medio de tensiones crecientes entre México y Estados Unidos por temas de seguridad, tráfico de fentanilo y presencia del crimen organizado. La presión internacional sobre las autoridades mexicanas podría aumentar en las próximas semanas si continúan las detenciones o entregas de implicados.
DEA y fiscales de Nueva York intensifican investigación
La acusación formal fue presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York junto con autoridades de la DEA. Según el expediente, la red investigada presuntamente permitía al grupo criminal operar sin restricciones en distintas regiones de Sinaloa.
El caso también incluye a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, así como a mandos de corporaciones municipales y estatales. Las autoridades estadounidenses aseguran que cuentan con testimonios, información financiera y evidencia operativa relacionada con las actividades investigadas.
Otro personaje relacionado con el caso, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, también habría acordado entregarse a autoridades estadounidenses tras ser ubicado en Europa. Esto incrementó la percepción de que la investigación estadounidense apenas comienza y podría alcanzar a más actores políticos y de seguridad.
Exjefe policiaco de Sinaloa se entrega en EU y aumenta presión
La entrega de Marco Antonio Almanza intensificó las críticas contra el entorno político de Rubén Rocha Moya. Aunque el mandatario negó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trata de un ataque contra la Cuarta Transformación, el caso ya genera repercusiones nacionales.
Especialistas advierten que la investigación podría derivar en nuevas órdenes judiciales, solicitudes de extradición y revelaciones sobre posibles vínculos entre estructuras políticas y el crimen organizado en Sinaloa.
En los próximos días la atención estará centrada en las audiencias federales en Estados Unidos y en la respuesta del gobierno mexicano ante un caso que amenaza con convertirse en una crisis política de alto impacto para Morena y la 4T.
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