Ciudad de México, 2 de septiembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Estados Unidos no ha presentado pruebas adicionales contra Rubén Rocha Moya para sustentar los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La mandataria explicó que el gobierno estadounidense respondió que no está obligado a entregar más evidencia, más allá de la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que esta situación refleja las diferencias entre los sistemas penales de México y Estados Unidos. En particular, señaló que en el sistema estadounidense los testimonios pueden ser considerados pruebas suficientes, mientras que en México se requieren otros elementos para abrir una carpeta de investigación o declarar culpabilidad.
La presidenta explicó que la respuesta de Estados Unidos fue clara: no tendrían por qué mostrar pruebas adicionales. Esto complica el proceso desde la perspectiva legal mexicana, que exige evidencias más sólidas para proceder en casos penales.
Distintas perspectivas legales entre México y Estados Unidos
Sheinbaum enfatizó que el sistema penal acusatorio mexicano y el estadounidense manejan de forma distinta los testimonios como elementos probatorios. En México, los testimonios no se consideran pruebas per se, por lo que se requieren evidencias complementarias para sustentar una acusación formal.
Esta diferencia jurídica es relevante en el contexto de la solicitud de extradición que involucra a 10 personas de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia. La mandataria subrayó que México atiende esta solicitud tomando en cuenta las particularidades de su sistema legal.
Implicaciones para el proceso de extradición
El caso de Rubén Rocha Moya pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades mexicanas para responder a solicitudes internacionales cuando los sistemas jurídicos tienen criterios distintos. La falta de pruebas adicionales por parte de Estados Unidos limita el avance del proceso desde la óptica mexicana.
El seguimiento de esta situación dependerá de la cooperación entre ambos países y del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en México para proceder con la extradición o cualquier acción judicial.
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