Internacional, 9 de octubre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), bloqueando sus bienes y activos en territorio estadounidense. Esta medida amplía la política de sanciones iniciada por la administración del expresidente Donald Trump, con el objetivo de limitar las acciones del tribunal con sede en La Haya.
Detalles de las sanciones y licencias temporales
Según un comunicado del Departamento de Estado, la CPI fue designada formalmente bajo la Orden Ejecutiva 14203, instrumento que ha servido para sancionar previamente a 17 personas vinculadas con el organismo internacional. Como parte de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de la Corte que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Departamento del Tesoro autorizó licencias generales para permitir ciertas actividades relacionadas con la CPI, a pesar de las sanciones. Entre estas autorizaciones destaca una licencia temporal de 180 días para operaciones administrativas del tribunal, además de permisos específicos para servicios tecnológicos, plataformas de software, servicios en la nube, el sistema de pensiones de la institución y actividades vinculadas con personas detenidas bajo la jurisdicción de la Corte.
Motivaciones y próximos pasos
La administración estadounidense sostiene que estas medidas buscan proteger la soberanía nacional y responder a lo que consideran una amenaza por parte de la CPI. El Departamento de Estado explicó que la licencia temporal permitirá evaluar avances en la atención de las preocupaciones planteadas por Estados Unidos respecto a las actividades del tribunal. Dependiendo de los resultados de estos esfuerzos diplomáticos y jurídicos, las sanciones podrían modificarse.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue quien presentó el anuncio mediante un mensaje oficial del gobierno estadounidense. Además de bloquear los activos, las sanciones prohíben transacciones financieras o comerciales que involucren bienes, servicios o recursos de personas u organismos sancionados, salvo que cuenten con autorización específica del Departamento del Tesoro.
Históricamente, Estados Unidos ha mantenido diferencias con la Corte Penal Internacional, argumentando que algunas de sus actuaciones pueden afectar la soberanía estadounidense y la de sus aliados. Estas nuevas sanciones representan un paso más en esa política de confrontación.
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