Internacional, 13 de agosto de 2026.- Estados Unidos ejecuta este jueves a tres presos en los estados de Tennessee, Oklahoma y Alabama, en una jornada poco común que refleja el aumento en la aplicación de la pena de muerte bajo la administración de Donald Trump.
Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, será ejecutado en Tennessee. Fue condenado por un asesinato cometido en 1985 y ha permanecido décadas en el corredor de la muerte, esperando la resolución de sus recursos judiciales.
Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, enfrenta su ejecución en Oklahoma por un asesinato ocurrido en 2003. Este estado es uno de los que mantiene activa la pena capital y ha utilizado diversos métodos para llevar a cabo las sentencias.
Jeremy Williams, de 42 años, será ejecutado en Alabama. Fue sentenciado por la violación y asesinato de una niña de cinco años, un caso que el gobierno estadounidense utiliza para justificar la ampliación del uso de la pena de muerte en crímenes graves.
Contexto y repunte de ejecuciones en Estados Unidos
La coincidencia de tres ejecuciones en un solo día no ocurría desde 2010, según el Death Penalty Information Center. Este hecho se da en un contexto donde la administración Trump ha promovido un endurecimiento en la política de castigo capital.
En 2025, se registraron 47 ejecuciones en el país, la cifra más alta desde 2009. Florida encabezó con 19 ejecuciones, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno. La mayoría se realizaron mediante inyección letal, aunque también se incrementó el uso de métodos alternativos como el pelotón de fusilamiento y la hipoxia de nitrógeno.
Métodos y controversias en la pena de muerte
El Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución, incluyendo la electrocución y el gas, lo que ha generado críticas internacionales. La ONU ha denunciado la hipoxia de nitrógeno como un castigo cruel e inhumano.
Además del debate sobre la existencia de la pena de muerte, se discuten las condiciones en que los condenados esperan la ejecución y el tiempo que transcurre entre la sentencia y la aplicación de la pena.
Estados Unidos mantiene un sistema dividido: 23 estados han abolido la pena capital y otros, como California, Oregón y Pensilvania, mantienen moratorias.
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