Ciudad de México, 26 de septiembre de 2026.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo prisión domiciliaria tras la resolución de un juez que le permite continuar su proceso penal fuera del penal del Altiplano.
El juez de control Mario Elizondo Martínez concedió este beneficio procesal, por lo que la Guardia Nacional tiene previsto trasladar a Ruffo Appel a su domicilio en Ensenada, Baja California, durante este sábado. No se ha confirmado si el traslado será por vía terrestre o aérea.
Tras la autorización, la defensa del exmandatario inició los trámites correspondientes ante las autoridades penitenciarias para gestionar su salida del penal de máxima seguridad. Sin embargo, el juez impuso varias medidas cautelares para asegurar el seguimiento del proceso.
Entre las restricciones destacan la prohibición de salir del país, el retiro de su pasaporte y visa, así como la imposibilidad de acercarse a testigos o personas relacionadas con el caso mientras continúa el proceso penal en su contra.
Contexto y antecedentes del caso de Ruffo Appel
Ernesto Ruffo Appel es el cuarto acusado vinculado a la red de huachicol fiscal por ferrotanques que obtiene prisión domiciliaria. Previamente, los hermanos Guillermo y José María de la Peña Rosales, así como Juan Hermilo Chávez, también recibieron este beneficio.
En particular, Juan Hermilo Chávez, de 86 años, logró un amparo en agosto pasado que le permitió salir del Altiplano debido a su avanzada edad y problemas de salud. Fue detenido en Monterrey acusado de participar en una red de contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos.
Implicaciones y seguimiento del proceso penal
La decisión de otorgar prisión domiciliaria a Ruffo Appel representa un avance en su defensa legal, aunque el proceso penal sigue en curso. Las medidas cautelares buscan garantizar que el exgobernador no interfiera en la investigación ni evada la justicia.
El traslado a su domicilio en Ensenada marca un cambio significativo en su situación jurídica, pero el caso continúa bajo escrutinio judicial. La Guardia Nacional será responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
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