Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de Energía informó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible declarados de forma inadecuada durante 2025, lo que representa un impacto económico de 61 mil 700 millones de pesos anuales.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Luz Elena González Escobar, titular de la dependencia, explicó que este resultado es relevante porque ahora se identifica con claridad qué importadores, comercializadores, distribuidores y gasolineras venden combustible sin un origen declarado en sus facturas.
Este hallazgo permite a las autoridades fiscales exigir cuentas a las empresas que hayan utilizado sus permisos de manera irregular. González Escobar señaló que dichas compañías deberán regularizar el pago de impuestos pendientes y que cualquier operación indebida será detectada de inmediato para proceder con sanciones.
Además, la funcionaria destacó que se ha fortalecido la coordinación institucional para construir perfiles detallados de cada empresa involucrada. Esta información servirá como base para acciones judiciales en los casos más relevantes.
La Secretaría de Energía también realiza un ejercicio similar para el año 2026, aunque aún se espera el cierre del año para conocer los resultados definitivos.
Este avance en la fiscalización del sector energético busca transparentar la cadena de comercialización de combustibles y evitar prácticas que afectan la recaudación fiscal y la legalidad del mercado.
Impacto del desbalance en el sector energético
El desbalance detectado refleja inconsistencias en la declaración y facturación del combustible que circula en el país. Estas irregularidades afectan la recaudación de impuestos y generan competencia desleal en el mercado.
Con la identificación precisa de las empresas involucradas, las autoridades podrán actuar con mayor eficacia para corregir estas fallas y garantizar que las operaciones cumplan con la normatividad vigente.
Medidas para fortalecer la fiscalización
La Secretaría de Energía ha implementado mecanismos de coordinación con otras instituciones para monitorear en tiempo real las operaciones de importación y distribución de combustibles.
Este sistema permite detectar y sancionar rápidamente cualquier irregularidad, asegurando que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y operativas.
De esta forma, se busca proteger los recursos públicos y promover un mercado energético más transparente y competitivo.
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