7 DE ABRIL DEL 2026 – LOCAL. La XVIII Legislatura del Estado ha dado un paso decisivo para fortalecer el marco legal que protege a la ciudadanía y a quienes dedican su vida a la lucha social. Durante la sesión ordinaria número 16, las y los diputados aprobaron modificaciones constitucionales que buscan garantizar una vida más digna para todos los quintanarroenses. Estas acciones en favor de los derechos fundamentales no solo actualizan nuestras leyes, sino que responden a necesidades actuales de seguridad y bienestar, asegurando que el Estado cuente con herramientas jurídicas modernas para enfrentar los retos del presente.
Uno de los avances más destacados es el reconocimiento oficial en la Constitución local del “derecho a la ciudad”. Esta reforma asegura que cualquier persona, sin importar su condición, tenga garantizado el acceso y disfrute de los espacios físicos y los servicios públicos en todas las ciudades de la entidad. Al elevar estas garantías a nivel constitucional, los derechos civiles en Quintana Roo adquieren una mayor fuerza, obligando a las autoridades a trabajar en entornos urbanos más inclusivos, seguros y con servicios de calidad que mejoren el día a día de la población.
Mayor protección para activistas y defensores
Con el fin de frenar la violencia contra quienes vigilan el cumplimiento de la ley, el Pleno aprobó reformas al Código Penal del Estado. A partir de ahora, cualquier agresión, homicidio o lesión cometida contra personas que trabajen en la defensa de las libertades será considerada como un delito calificado. Esto significa que los ataques relacionados con la labor de los defensores de los derechos humanos tendrán castigos mucho más severos y penas de cárcel más altas. Con esta medida, el Poder Legislativo busca inhibir las agresiones y brindar un entorno seguro para quienes alzan la voz por los demás.
Este cambio legal es una respuesta directa a las exigencias de justicia de diversos colectivos que han solicitado mayores garantías para realizar su trabajo sin miedo. Al endurecer las penas, se envía un mensaje claro de que en Quintana Roo no habrá tolerancia para quienes intenten silenciar a los activistas. La protección de los derechos de las personas defensoras se convierte así en una prioridad dentro de la agenda de seguridad estatal, reforzando el compromiso de la XVIII Legislatura con la integridad de quienes luchan por causas justas en todo el territorio estatal.
Iniciativas en estudio para beneficio social
Además de lo aprobado, el Congreso envió a comisiones varias propuestas que podrían cambiar la vida de miles de familias y estudiantes. Una de las más relevantes busca reformar la Ley de Movilidad para que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a transporte público gratuito hacia sus escuelas. Si se aprueba, esta medida no solo protegerá los derechos de la infancia y juventud, sino que representará un alivio económico directo para los hogares, fomentando que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos para trasladarse.
