Cancún, Quintana Roo, 4 de agosto de 2026.- La abogada Ariadne Song Anguas, junto con el exdiputado local Emiliano Ramos y su hermana América Ramos, denunciaron públicamente la presunta detención injusta de Marco Antonio Cano, acusado de violencia familiar, y presentaron la llegada del colectivo “No Más Presos” a Quintana Roo.
Durante una rueda de prensa, los activistas afirmaron que Marco Antonio Cano ha sido víctima de denuncias falsas por parte de una mujer que no aportó pruebas suficientes para sustentar la acusación. Ariadne Song explicó que la detención ocurrió tras un cambio en las medidas cautelares, derivado de la recuperación del hijo del acusado en un contexto de violencia familiar.
El abogado señaló que Marco Antonio tenía la intención de presentarse voluntariamente ante las autoridades, pero fue mal asesorado y solicitó un amparo que le fue negado. Posteriormente, en una audiencia secreta, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra.
Ayer estaba programada una audiencia para solicitar un cambio en la medida cautelar, sin embargo, coincidió con otra audiencia en la que participaba Ariadne Song, lo que le impidió asistir. La abogada denunció que esta situación fue intencional y forma parte de las irregularidades que rodean el caso.
Contexto y llegada del colectivo No Más Presos
América Ramos, representante del Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes, explicó que conoció esta agrupación tras la detención de su hermano Emiliano. Comentó que en Quintana Roo no veía avances en el caso debido a intereses políticos que obstaculizan la justicia.
El colectivo busca visibilizar y apoyar a personas que consideran inocentes y que enfrentan procesos judiciales injustos. América Ramos señaló que, aunque no existen estadísticas oficiales, se estima que dos de cada cinco personas en prisión podrían ser inocentes.
Impacto y siguientes pasos en Quintana Roo
La denuncia pública y la presentación del colectivo buscan generar presión para revisar casos como el de Marco Antonio Cano y evitar detenciones arbitrarias. El colectivo planea acompañar legalmente a víctimas y promover cambios en el sistema judicial local.
De esta forma, se abre un espacio para que las autoridades atiendan las irregularidades denunciadas y se garantice el respeto a los derechos humanos en Quintana Roo.
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