Internacional, 22 de junio de 2026.- El Tribunal Supremo de España condenó al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por su participación en una red de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19. Su exasesor Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses de cárcel.
La sentencia, dictada por unanimidad, también incluye al empresario Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, aunque con suspensión de la pena debido a su colaboración con la justicia. Esta decisión ha generado controversia en el ámbito político y jurídico.
Detalles del caso y estructura de la organización criminal
El tribunal determinó que Ábalos, García y Aldama conformaron una organización criminal con roles específicos para obtener beneficios económicos mediante la manipulación de contratos públicos. Aldama captaba empresas y oportunidades, García actuaba como intermediario y ejecutor, y Ábalos ejercía influencia desde su cargo público para favorecer adjudicaciones.
Entre las irregularidades comprobadas figura la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada a Aldama durante la pandemia. Además, Ábalos habría recibido pagos mensuales de 10 mil euros para cubrir gastos personales, y se identificaron contrataciones irregulares de personas vinculadas al exministro en empresas públicas.
La sentencia también señala operaciones inmobiliarias sospechosas relacionadas con el rescate de Air Europa y la obtención de licencias de hidrocarburos, vinculadas a los condenados.
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Impacto político y reacciones tras la condena
La resolución ha reavivado el debate sobre la corrupción y la responsabilidad política en España. Desde el PSOE, fuentes cercanas reconocieron la dureza de la condena pero destacaron que Ábalos ya no forma parte del partido. El ministro actual de Transportes, Óscar Puente, criticó la suspensión de la pena a Aldama como un premio a la colaboración con la justicia.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interpretó la sentencia como un golpe político al gobierno de Pedro Sánchez y exigió la convocatoria de elecciones anticipadas. Otros partidos también manifestaron opiniones divididas sobre la necesidad de depurar responsabilidades internas.
La condena incluye multas que suman más de 160 mil euros y la obligación de indemnizar a empresas públicas por las contrataciones irregulares. Además, se ordenó el decomiso de cerca de medio millón de euros en ganancias ilícitas.
Este fallo representa una de las sentencias más severas contra un exministro en España por corrupción y marca un precedente en la lucha contra la impunidad política.
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