
Ciudad de México, 9 de junio de 2026.- Autoridades federales y locales investigan una célula radical presuntamente responsable de los artefactos explosivos decomisados a normalistas de Ayotzinapa durante su llegada a la capital del país.
El 8 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 59 dispositivos caseros en los autobuses que transportaban a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, provenientes de Guerrero. Estos artefactos, de fabricación artesanal, presentan un diseño técnico avanzado con tubos de PVC rellenos de pólvora y un sistema manual de activación por fricción.
Investigaciones de inteligencia vinculan estos explosivos con una célula radical integrada al Comité Estudiantil de la normal rural. Jesús G. E., conocido como “el Coquillo”, es señalado como uno de los principales operadores y coordinador logístico de la elaboración y distribución de los artefactos. Además, se le relaciona con delitos como la retención de vehículos y robo de combustible y mercancía.
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Alcance y riesgo de los artefactos
Se estima que la célula radical instruyó la fabricación de hasta mil explosivos para usarlos en diversas movilizaciones. Aunque especialistas señalan que su capacidad letal es limitada, estos dispositivos pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales, especialmente si se activan cerca de materiales inflamables.
Vínculos externos y contexto político
Las pesquisas apuntan a la influencia de personajes externos a la estructura estudiantil, entre ellos Juan Miguel H. C., alias “el Padrino” o “el Mamado”, quien estaría fomentando acciones radicales dentro del movimiento normalista. Este individuo es presunto responsable de conformar el grupo “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, surgido tras diferencias con los padres de los 43 normalistas desaparecidos por el manejo de recursos obtenidos en protestas.
Asimismo, se investigan posibles conexiones con actores políticos de Guerrero, incluyendo al senador Manuel Añorve y al PRI estatal, en relación con el financiamiento y apoyo a estas actividades.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las indagatorias sobre la fabricación, traslado y eventual uso de estos artefactos explosivos en las protestas de los normalistas, así como el origen de los recursos que financian dichas acciones.
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