Internacional, 26 de junio de 2026.- Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han evolucionado de simples organizaciones de narcotráfico a conglomerados multinacionales con estructuras similares a las empresas de la lista Fortune 500, según se expuso en una audiencia reciente en el Senado de Estados Unidos.
Transformación hacia conglomerados multinacionales
El senador estadounidense Sheldon Whitehouse comparó la estructura de estos cárteles con la de grandes corporaciones globales, destacando su capacidad para diversificar sus actividades más allá del tráfico de drogas. John Cornyn, también senador, explicó que estos grupos adoptan un enfoque de “agnosticismo de mercancía”, donde el principal objetivo es la maximización de ganancias sin importar el tipo de producto o servicio ilícito que comercialicen.
Esta diversificación incluye la incursión en actividades como la minería ilegal de oro, la tala clandestina y el tráfico de especies protegidas, extendiendo sus operaciones incluso a territorios fuera de América Latina, como África, de acuerdo con la investigadora Vanda Felbab-Brown, de la Institución Brookings.
Impacto ambiental y social
La expansión de estos cárteles representa riesgos que trascienden la seguridad pública. La explotación ilegal de recursos naturales afecta la biodiversidad y la seguridad alimentaria en las regiones donde operan. Además, estas actividades pueden facilitar la propagación de enfermedades zoonóticas, con consecuencias directas en la salud y la economía de las naciones involucradas.
En el sector marítimo, los cárteles han tomado control de la industria pesquera en México mediante tácticas de extorsión y violencia. Felbab-Brown describe estas prácticas como de estilo gánster, donde hoteles y comercios se ven obligados a adquirir productos marinos obtenidos ilegalmente o bajo amenaza a pescadores locales. Para sostener esta red, establecen alianzas con flotas pesqueras extranjeras en Centroamérica, que sirven para transportar tanto narcóticos como especies marinas ilícitas hacia mercados legales.
La crisis migratoria también ha sido capitalizada por estas organizaciones, que integran el tráfico humano en sus operaciones utilizando la infraestructura ya establecida para el contrabando de drogas, según señaló el senador Cornyn.
Este modelo empresarial criminal les permite mantener flujos financieros redundantes y sistemas de suministro diversificados, lo que dificulta su desarticulación. La DEA estima que estas organizaciones tienen presencia en más de 40 países, consolidándose como una amenaza global que supera los límites de la seguridad pública tradicional.
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