La indignación ciudadana paralizó la tarde de este miércoles una de las arterias más importantes de Cancún. Un grupo de habitantes de la Región 101 bloqueó parcialmente la avenida José López Portillo para protestar contra lo que califican como cobros “abusivos y extorsivos” por parte de empresas de grúas y corralón, señalando casos donde las facturas superan los 95 mil pesos.
El conflicto estalló a raíz de la denuncia de un ciudadano a quien se le exigió dicha suma por los servicios de arrastre y resguardo de su vehículo. Los manifestantes señalaron directamente a la empresa Grúas Cardona y a su propietario, José Cardona, acusándolos de irregularidades constantes y de imponer tarifas que resultan imposibles de pagar para la mayoría de los usuarios.
La protesta generó un intenso caos vial, dejando a decenas de automovilistas varados en ambos sentidos de la avenida. Ante la falta de respuesta inmediata, los inconformes exigieron públicamente a las autoridades municipales y estatales la revocación de los permisos de operación de la empresa señalada, argumentando que estos cobros vulneran la economía de las familias cancunenses.
Además de las quejas por las tarifas, los ciudadanos solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. El objetivo es que se inicie una investigación formal por posibles actos de corrupción y abuso de autoridad, ya que otros afectados reportaron cobros que oscilan entre los 40 y 50 mil pesos por conceptos similares de corralón.
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la empresa o de las autoridades de tránsito respecto al monto de 95 mil pesos que detonó la movilización. Los manifestantes advirtieron que mantendrán las medidas de presión y los cierres viales hasta que se establezca una mesa de diálogo y se detengan los presuntos atropellos en el servicio de grúas.
El bloqueo en la López Portillo resalta una problemática creciente en el municipio, donde el costo de recuperación de vehículos retenidos se ha convertido en una demanda social recurrente. La tensión en la zona permanece alta mientras los ciudadanos esperan soluciones concretas para frenar lo que consideran un negocio a costa del patrimonio familiar.
