Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Entre 2020 y 2025, los gobiernos de Baja California y Sonora, junto con los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito, contrataron empresas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a estas compañías en una red de lavado de dinero.
Según registros revisados, las contrataciones sumaron al menos 108 millones 480 mil pesos. La Fiscalía General del Estado de Baja California adjudicó 36 contratos por más de 75 millones de pesos a dos firmas ahora sancionadas, principalmente a Inteliproof Efficient, que recibió 33 contratos por más de 73 millones de pesos entre 2022 y 2025.
Inteliproof Efficient, fundada en 2020 en Baja California, suministró equipo de cómputo, drones, uniformes y tecnología de inteligencia, incluyendo software de reconocimiento facial para la Dirección de Tácticas de Investigación. La mayoría de los contratos fueron adjudicaciones directas durante las administraciones de Ricardo Iván Carpio Sánchez y María Elena Andrade Ramírez.
Empresas sancionadas por EU y sus contratos en Sonora
En Sonora, los Servicios de Salud adjudicaron en 2020 un contrato por 8.7 millones de pesos a Holistic Wellwaves para la compra de 18 mil pruebas rápidas de Covid-19. Este acuerdo se firmó bajo la excepción de emergencia sanitaria y fue representado legalmente por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresario sancionado por la OFAC.
Además, los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tecate contrataron a Inteliproof Efficient y otras empresas sancionadas para la adquisición de cámaras corporales, uniformes y patrullas equipadas, con contratos que suman más de 15 millones de pesos entre 2022 y 2025.
Impacto y acciones tras las sanciones
El 29 de septiembre, la OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, incluyendo a socios y operadores de una red de lavado de dinero. Entre los sancionados está Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Tras estas medidas, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció recompensas por información para capturar a algunos de los presuntos criminales. Las autoridades mexicanas continúan investigando las implicaciones de estas contrataciones en la administración pública.
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