
Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- En un operativo conjunto, autoridades federales aseguraron 60 toneladas de cigarrillos ilícitos en una bodega ubicada en Huixquilucan, Estado de México. Durante el cateo, fueron detenidos tres hombres, dos de ellos extranjeros, y se decomisaron cerca de dos millones de unidades apócrifas.
Operativo y decomiso en bodega de Huixquilucan
El lugar era utilizado para la fabricación y distribución de cigarros ilegales. Además de la mercancía, se incautaron cuatro máquinas para la elaboración y empaquetado, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel, así como dos vehículos. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, estos productos afectan la economía formal y representan un riesgo para la salud de los consumidores.
Un comunicado oficial detalló que también se aseguraron 32 cajas de cigarrillos sin terminar, 80 charolas, 170 cajas con 102 mil cajetillas, un compresor, 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, 2 mil 926 rollos de papel celofán, 4 mil 32 rollos de papel cigarette verde y 780 rollos de papel cigarette blanco, todos materiales vinculados a la fabricación ilícita.
Detenciones y seguimiento legal
Los detenidos, de 46, 49 y 60 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades. El operativo fue resultado de investigaciones e inteligencia coordinadas entre la SSPC, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
El Gabinete de Seguridad enfatizó que esta acción reafirma el compromiso de combatir la fabricación y distribución de mercancía ilegal, protegiendo a la población de los riesgos asociados con estos productos ilícitos. La colaboración interinstitucional fue clave para este decomiso significativo.
Este caso se suma a los esfuerzos nacionales para frenar el comercio ilegal que afecta tanto la economía como la salud pública en México. Las autoridades mantienen vigilancia constante para detectar y desarticular este tipo de actividades.
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