Internacional, 13 de octubre de 2026.- Argentina presentó una solicitud ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se adopten medidas provisionales que impidan la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, en un proyecto liderado por la petrolera israelí Navitas.
Disputa por soberanía y actividad petrolera
El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, argumenta que los permisos otorgados por el Reino Unido a las empresas petroleras son ilegales y que la actividad unilateral agrava una controversia reconocida por las Naciones Unidas. En un comunicado oficial, el Ejecutivo reafirmó sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.
El proyecto Sea Lion, operado en un 65% por Navitas y en un 35% por la británica Rockhopper, planea iniciar la extracción de crudo en 2028, a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago. Argentina busca detener este avance mediante el arbitraje internacional basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), cuyo tribunal tiene sede en Hamburgo, Alemania.
Respuesta del Reino Unido y próximos pasos
El Reino Unido rechazó la solicitud argentina, calificándola como un intento de socavar los derechos de los habitantes de las Malvinas. Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios del Ultramar, afirmó que las actividades petroleras están reguladas conforme al derecho internacional y cuentan con el respaldo de la legislación local y del gobierno británico.
Por su parte, la Cancillería argentina aclaró que la solicitud ante el tribunal no busca perjudicar a nadie, sino resolver la controversia mediante un proceso legal aceptado por ambas partes. Desde agosto, Argentina ha intensificado acciones legales y administrativas para frenar la actividad petrolera en las islas, incluyendo demandas y comunicaciones a empresas del sector para disuadir su participación.
Navitas y Rockhopper anunciaron la sustitución de dos contratistas, pero mantienen su compromiso con el proyecto Sea Lion, respaldados por las autoridades isleñas y británicas. La disputa continúa abierta mientras el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúa la solicitud argentina.
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