La movilización convocada por el partido oficialista el pasado sábado 16 de mayo de 2026 en la capital del estado desató una intensa batalla de narrativas respecto al verdadero músculo político mostrado en las calles. Mientras que la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Andrés Manuel López Beltrán, calificó la jornada como un rotundo éxito y reportó oficialmente la asistencia de “20 mil valientes chihuahuenses” en defensa de la soberanía nacional, la oposición y diversos observadores independientes tacharon el evento de “fracaso” y documentaron una realidad logística sumamente distinta a la versión gubernamental.
En contraste con las cifras oficiales del partido guinda, periodistas locales y tomas aéreas difundidas en redes sociales evidenciaron que la afluencia real osciló apenas entre cientos y unos pocos miles de personas, con estimaciones independientes que situaron la cifra más optimista en torno a los 2,000 asistentes efectivos. La marcha quedó visiblemente lejos de las metas ambiciosas planteadas inicialmente por los organizadores; ante esto, los liderazgos de Morena justificaron la baja densidad argumentando un presunto boicot institucional por parte del gobierno estatal de María Eugenia “Maru” Campos Galván, a quien acusaron de implementar bloqueos carreteros y obras viales improvisadas para impedir el paso de los contingentes.
Marcha en Chihuahua contra Maru Campos
La principal debilidad de la jornada radicó en las múltiples evidencias visuales y testimoniales que confirmaron prácticas de movilización forzada o clientelar en favor de la Cuarta Transformación. Decenas de autobuses y camiones foráneos fueron captados estacionados en las inmediaciones del centro histórico, trasladando a personas provenientes de municipios rurales de Chihuahua y de estados gobernados por el oficialismo, tales como Durango, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Coahuila. La masiva presencia de matrículas de otras entidades federativas alimentó la narrativa de la oposición de que el evento careció de un respaldo auténtico y local en un estado históricamente panista.
La polémica se intensificó con la difusión de videos realizados por cadenas nacionales como Radio Fórmula y TV Azteca, donde los propios asistentes evidenciaron el desconocimiento del motivo de la manifestación. Entrevistados a pie de calle, varios ciudadanos de la tercera edad y familias completas admitieron abiertamente las condiciones de su traslado; frases como “nos trajeron en camión y nos dieron de comer, pero no sé bien de qué es la marcha” quedaron registradas en televisión nacional. Algunos asistentes mostraron confusión total sobre el llamado “caso CIA” o el juicio político, limitándose a responder que los habían invitado a un mitin político genérico a cambio de transporte y alimentos gratuitos.
Conflicto por la soberanía en Chihuahua
El largo desarrollo de la jornada también provocó malestar físico entre los propios sectores vulnerables movilizados por los operadores políticos. Debido a la falta de coordinación y a las altas temperaturas registradas en el norte del país, decenas de adultos mayores manifestaron su inconformidad ante las cámaras tras pasar varias horas de espera en el asfalto. Expresiones de desesperación como “tenemos tres horas en el sol, ¡ya es hora de caminar!” se sumaron a las quejas colectivas de personas que afirmaron estar exhaustas tras el trayecto foráneo y las largas distancias recorridas a pie sin hidratación suficiente.
Por su parte, la dirigencia local de Morena negó categóricamente un esquema de acarreo corporativo o masivo y sostuvo que la asistencia fue enteramente de ciudadanos “conscientes e informados”. Argumentaron que el uso de autobuses privados obedeció a la cooperación y colectas voluntarias de las propias comunidades para poder trasladarse a la capital ante la presunta suspensión de rutas comerciales por parte del gobierno de Maru Campos. Sin embargo, para los analistas políticos, el contraste entre la retórica de soberanía nacional y las imágenes de asistentes declarando ir únicamente por incentivos básicos debilitó la legitimidad del proceso de desafuero que el partido busca promover en el Congreso.
