Internacional, 3 de septiembre de 2026.- Nicolás Maduro, exmandatario venezolano, apeló a su inmunidad presidencial para solicitar la desestimación de los cargos que enfrenta en un tribunal de Nueva York. La defensa argumenta que dicho tribunal no tiene competencia para juzgarlo a él ni a su esposa, Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos.
Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro acusaciones, entre ellas narcoterrorismo. Su juicio está programado para iniciar el 1 de junio de 2027. La captura de ambos ocurrió el 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense.
El abogado Alvin Hellerstein presentó el documento legal ante el tribunal de Nueva York, donde se sostiene que Maduro goza de inmunidad como jefe de Estado y, por tanto, no puede ser juzgado en ese foro. Esta apelación busca invalidar el proceso judicial en su contra.
Desde la detención de Maduro y Flores, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el gobierno interino de Venezuela. Su administración enfrenta presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que mantiene una postura firme contra el régimen venezolano.
El caso ha generado atención internacional por la naturaleza de los cargos y la intervención militar que derivó en la captura. La defensa insiste en que la justicia estadounidense carece de jurisdicción para procesar a un mandatario en funciones, lo que añade complejidad al proceso legal.
El desarrollo del juicio y la resolución sobre la inmunidad presidencial serán determinantes para el futuro político de Maduro y la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Mientras tanto, la administración interina continúa bajo vigilancia internacional.
Nicolás Maduro apela inmunidad para evitar juicio en Nueva York
La apelación presentada por la defensa de Maduro se basa en principios de derecho internacional que protegen a los jefes de Estado en funciones. El tribunal deberá evaluar si estos argumentos son válidos para desestimar los cargos.
Contexto y consecuencias del proceso judicial contra Maduro
La detención de Maduro y Flores en enero marcó un punto crítico en la crisis venezolana. La presión internacional y la respuesta del gobierno interino reflejan la tensión política que persiste. El juicio previsto para 2027 podría influir en la estabilidad regional y en las relaciones diplomáticas.
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