Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- Investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses revelan que el crimen organizado ha logrado controlar 50 comercios legales en nueve estados del país. Estos negocios, que abarcan desde pequeños comercios hasta grandes cadenas, son utilizados principalmente para lavar dinero y consolidar su influencia económica.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) destaca como una organización con una estructura económica diversificada. Aunque el narcotráfico sigue siendo su principal fuente de poder, también operan en sectores como robo y contrabando de combustibles, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y control de empresas legales. Sus ganancias circulan mediante efectivo, facturas, transferencias, criptomonedas y redes profesionales de lavado.
El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG, en la mayor acción contra este cártel. Documentos federales describen que el grupo criminal opera en sectores como turismo, bienes raíces, agricultura, construcción, seguridad privada y producción de metanfetaminas, entre otros.
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Expansión del crimen organizado en negocios legales
Especialistas en seguridad señalan que la diversificación en negocios legales responde a la intención de los grupos criminales de dejar un patrimonio lícito a sus familiares y evadir la vigilancia policial. Además, la fragmentación de grandes organizaciones ha impulsado la aparición de nuevos grupos que buscan sus propias fuentes de ingresos, tanto en actividades ilícitas como legales.
En estados como Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Colima, Durango, Chiapas, Puebla, Sonora y Sinaloa, diversos cárteles operan empresas en sectores como transporte, logística, restaurantes, gasolinerías, inmobiliarias y agroindustria. Algunas de estas empresas son utilizadas para justificar transferencias, ocultar activos o lavar dinero mediante prestanombres.
Impacto en la economía y retos para la seguridad
Analistas advierten que el crimen organizado sostiene en parte la economía mexicana al inyectar capital en negocios legales. La banca comercial limita el financiamiento, lo que facilita que los narcotraficantes se conviertan en empresarios prósperos mediante financiamientos ilícitos. Se estima que entre 7% y 8% de la inversión extranjera en México no tiene un origen claro.
Las autoridades continúan con acciones coordinadas para desmantelar estas redes, pero la capacidad de los grupos criminales para mover dinero a través de fronteras y sistemas no formales dificulta su detección. El combate a estas estructuras requiere revisar propietarios, proveedores y operaciones para evitar que la economía formal sea utilizada como fachada.
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