Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- Investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses revelan que el crimen organizado controla al menos 50 comercios legales en nueve estados del país. Estos negocios, que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas, son utilizados principalmente para lavar dinero y expandir su influencia económica.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es señalado como una organización con una estructura económica diversificada. Además del narcotráfico, sus actividades incluyen robo y contrabando de combustibles, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y control de empresas legales. Según documentos federales de Estados Unidos, el CJNG opera en sectores como turismo, tiempos compartidos, bienes raíces, agricultura, construcción y seguridad privada.
El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG, en la mayor acción contra este cártel. Estas sanciones buscan frenar el lavado de dinero que se realiza mediante efectivo, transferencias, criptomonedas y redes profesionales.
Crimen organizado controla negocios para lavar dinero
Especialistas en seguridad coinciden en que el crimen organizado busca integrar sus recursos a la economía formal para proteger su patrimonio y evadir la vigilancia gubernamental. David Saucedo, experto en seguridad, explicó que estos grupos aspiran a tener negocios legales que puedan heredar a sus familiares.
La fragmentación de grandes organizaciones criminales ha provocado que surjan nuevos grupos que diversifican sus fuentes de ingresos. Luis Leal, especialista en redes criminales, señaló que esta situación impulsa la incursión en negocios legales como estrategia para ocultar recursos ilícitos.
Impacto y alcance en diferentes estados
En estados como Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Colima, Durango, Chiapas, Puebla, Sonora y Sinaloa, se han detectado empresas relacionadas con actividades criminales. Estas incluyen gasolinerías, restaurantes, inmobiliarias, transporte, agroindustria y centros de rehabilitación, entre otros. Algunas empresas son utilizadas como fachadas para actividades ilícitas, mientras que otras son víctimas de extorsión.
El análisis de estas redes criminales revela que el crimen organizado ha logrado influir en sectores productivos y comerciales, dificultando la detección y combate de sus operaciones. Las autoridades continúan investigando para desmantelar estas estructuras y limitar su impacto en la economía nacional.
También puedes leer: Más noticias de Nacionales en OLA Noticias.
