Internacional, 11 de agosto de 2026.- El abogado José Ignacio Moreno Suárez fue detenido en Venezuela tras representar legalmente a la minera canadiense Gold Reserve Inc. en un litigio internacional por la cancelación de concesiones mineras. Su caso evidencia la falta de seguridad jurídica para la inversión extranjera en el país.
Moreno, especialista en derecho corporativo y penal, asesoraba a Gold Reserve en el conflicto por el proyecto Brisas-Cristinas, ubicado en el Arco Minero del Orinoco. El 4 de junio de 2023, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo arrestaron en Caracas bajo el pretexto de una “entrevista de rutina”. Desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I.
El Ministerio Público imputó a Moreno delitos graves, pero su defensa, liderada por el jurista Jesús Loreto Carpio, sostiene que se trata de una criminalización del ejercicio profesional. Argumentan que las acusaciones buscan castigar la defensa legal de los derechos contractuales de su cliente, no un delito común.
Deficiencias en el sistema judicial venezolano
El expediente judicial refleja múltiples irregularidades procesales y violaciones a garantías constitucionales. Organismos internacionales como la Misión Independiente de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado sesgos y arbitrariedades en casos con trasfondo político o económico en Venezuela.
Estas anomalías evidencian un sistema judicial que contradice la narrativa oficial de apertura económica y garantías para la inversión extranjera. La prolongada detención de Moreno y la demora indefinida en el inicio del juicio formal afectan la credibilidad internacional del país.
Impacto en la inversión extranjera y próximos pasos
El caso expone la paradoja entre la promoción de Venezuela como destino para inversiones y la realidad de inseguridad jurídica. La defensa ha solicitado la revisión de la medida privativa de libertad, pero las apelaciones permanecen paralizadas. Mientras tanto, el proceso judicial sigue sin fecha para su inicio.
Esta situación representa un riesgo para profesionales y empresas que operan en Venezuela, al evidenciar la vulnerabilidad legal que enfrentan. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la detención prolongada de Moreno dificulta la construcción de un ambiente favorable para la inversión extranjera.
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