nacional, 30 de junio de 2026.- La Presidencia de la República inició la consulta pública para la creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que será analizada por más de 16 mil comunidades en todo el país. Esta iniciativa busca reconocer y proteger los derechos de 25.8 millones de personas pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.
La convocatoria fue firmada en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, y contempla un proceso dividido en cinco etapas que concluirán el 12 de octubre con la presentación formal de la iniciativa ante la Cámara de Diputados. La campaña informativa sobre el proyecto de ley comenzará el 1 de julio y se extenderá hasta el 6 de agosto.
Del 7 de agosto al 13 de septiembre, las comunidades indígenas y afromexicanas deliberarán la propuesta respetando sus sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización. Este proceso incluye 82 asambleas de consulta y siete mesas de trabajo en ciudades como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
Del 21 de septiembre al 11 de octubre se estudiarán y adecuarán las propuestas y recomendaciones surgidas durante las consultas. Posteriormente, el Ejecutivo federal enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados para su proceso legislativo y posible aprobación.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la consulta involucrará a 16 mil 232 comunidades indígenas y 496 afromexicanas, representando un 20.5% de la población nacional. Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), explicó que el proyecto de ley está estructurado en ocho libros y un régimen transitorio, y que se ha trabajado con 35 dependencias federales y la Suprema Corte de Justicia para garantizar la viabilidad jurídica del documento.
Contenido y alcance de la propuesta
El proyecto establece bases colectivas para que los pueblos y comunidades indígenas sean sujetos de derecho público y define el régimen constitucional de autonomía indígena y afromexicana. Además, incluye derechos específicos para mujeres, niñez, adolescencia, juventud, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad dentro de estas comunidades.
Atención a sectores vulnerables
Regino Montes destacó la inclusión especial de jornaleros agrícolas del norte del país, trabajadoras del hogar y obreros de la construcción, grupos frecuentemente marginados dentro de las comunidades indígenas y afromexicanas.
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