Ciudad de México, 29 de junio de 2026.- Este martes inicia la consulta pública para la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que será analizada por más de 16 mil comunidades en todo México. La iniciativa busca consolidar un marco legal que reconozca y proteja los derechos de estas poblaciones, que suman cerca de 25.8 millones de personas.
Proceso de consulta y participación comunitaria
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en conferencia matutina que la propuesta ya está lista tras un año y medio de trabajo conjunto con diversas dependencias. La consulta, coordinada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, consta de cinco etapas que culminarán el 12 de octubre con la presentación formal al Congreso de la Unión.
Del 1 de julio al 6 de agosto se realizará una campaña informativa dirigida a las comunidades. Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, las comunidades indígenas y afromexicanas deliberarán la iniciativa respetando sus formas tradicionales mediante 82 asambleas y siete mesas de trabajo especializadas.
Del 21 de septiembre al 11 de octubre se estudiarán y adecuarán las propuestas surgidas durante la consulta para integrar la versión final de la ley. Finalmente, el 12 de octubre se presentará la iniciativa a la Cámara de Diputados para su análisis legislativo.
Contenido y alcance de la propuesta
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, explicó que el proyecto está estructurado en ocho libros y un régimen transitorio. Durante la elaboración se realizaron 148 reuniones con 35 dependencias y entidades federales, además de solicitar la opinión de la Suprema Corte de Justicia en aspectos relacionados con la justicia indígena.
La iniciativa pretende fortalecer el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos, culturales, territoriales y de autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, con un enfoque de respeto a sus formas propias de organización y justicia.
Este proceso representa un paso relevante para la inclusión y participación efectiva de las comunidades en la definición de políticas públicas que impactan directamente en sus derechos y desarrollo.
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