Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- Zacatecas, Morelos y Michoacán son las entidades federativas con los porcentajes más altos de personas que cambiaron de residencia dentro de México debido a la violencia e inseguridad, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Guerrero se ubica inmediatamente después en esta lista, reflejando un fenómeno preocupante de desplazamiento interno por causas de violencia.
Datos inéditos sobre desplazamiento por violencia
Por primera vez, el Inegi incorporó en un instrumento oficial de medición poblacional una pregunta para identificar si algún integrante del hogar tuvo que desplazarse dentro del país por inseguridad, violencia o desastres naturales. La Encuesta Intercensal 2025, realizada entre octubre y noviembre de ese año, abarcó una muestra de más de 7.3 millones de viviendas en las 32 entidades federativas y 2,478 municipios.
Los resultados indican que 509,900 hogares reportaron que al menos uno de sus miembros abandonó su lugar de residencia por causas relacionadas con la violencia delictiva. En total, estas viviendas albergan aproximadamente a 1.6 millones de personas, aunque no todas ellas necesariamente se desplazaron.
Desplazamiento por desastres naturales y contexto poblacional
Además del desplazamiento por violencia, la encuesta documentó que 151,900 hogares tuvieron que abandonar su residencia debido a desastres naturales o de origen humano, afectando a cerca de 485,500 personas. Estos datos reflejan la complejidad de los factores que obligan a la movilidad interna en México.
La encuesta también estimó que la población total del país en 2025 era de 130.9 millones de personas, de las cuales 130.4 millones vivían en domicilios particulares y poco más de 517 mil en viviendas colectivas. Esta información es clave para dimensionar el impacto social y demográfico del desplazamiento interno por violencia y otros factores.
El Inegi continúa siendo la principal fuente oficial para el análisis de estos fenómenos, que requieren atención y políticas públicas específicas para proteger a las personas desplazadas dentro del territorio nacional.
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