El Gobierno de Venezuela ha advertido en privado al Gobierno de Donald Trump que no acogerá a sus propios ciudadanos deportados después de que Estados Unidos haya puesto fin a la licencia de la petrolera Chevron para operar en el país caribeño, según informa hoy The Wall Street Journal.
El diario, que cita fuentes conocedoras del asunto, señala que se está desgastando el acuerdo de repatriación de venezolanos posterior a la reunión de enero del enviado de Trump, Richard Grenell, con el líder chavista Nicolás Maduro, no reconocido como presidente por EE.UU., y el asunto de Chevron ha tensado las cuerdas.
Este martes, el Gobierno de Trump puso fin a la licencia de Chevron en Venezuela y le dio un mes, hasta el 3 de abril, para salir de ese país después de que el presidente estadounidense criticara al “régimen” de Maduro por no acelerar las deportaciones de indocumentados en EE.UU. tan rápido como esperaba.
Leer también: Gobierno de Trump rompe convenio con el sindicato de agentes de seguridad de los aeropuertos
El WSJ señala que la advertencia privada de Venezuela obstaculizaría aún más la campaña de deportación masiva de inmigrantes indocumentados prometida por Trump, cuyo Gobierno ya ha tenido que poner en pausa los vuelos de repatriación en aviones militares por su alto coste.
El diario alude a divisiones en el Gobierno de Trump por su enfoque hacia Venezuela y agrega que no se ha producido una visita de seguimiento a Caracas ni más vuelos de deportaciones desde el 20 de febrero, como estaba previsto, citando a fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambos gobiernos.
En total, 366 venezolanos fueron repatriados a Venezuela desde Estados Unidos en tres vuelos en febrero. El 24 de febrero llegó a Caracas otro vuelo con 242 repatriados procedente de México, incluyendo mujeres y niños, en virtud de un acuerdo con ese país.
Con información de EFE.
Es un poco complicado entender cómo se manejan las relaciones entre países. Por un lado, está claro que cada gobierno defiende lo que considera su interés, pero usar a las personas como moneda de cambio no parece justo. Al final, los que sufren son los ciudadanos, que solo quieren vivir en paz.