Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años, con posibilidad de prorrogar hasta diez, los nombres de sus funcionarios y sus declaraciones patrimoniales para protegerlos de sobornos, extorsiones y amenazas.
Esta medida fue confirmada tras una solicitud de información presentada en mayo de 2024, en la que se pidió conocer los nombres del personal adscrito a la UIF. La dependencia respondió que revelar estos datos pondría en riesgo la seguridad e incluso la vida de sus servidores públicos.
La UIF argumentó que los funcionarios están expuestos a posibles atentados y presiones por parte de personas investigadas por movimientos financieros irregulares. Por ello, cualquier dato que permita identificarlos se considera información reservada.
Además, se explicó que la divulgación de esta información podría afectar las acciones de prevención y detección de delitos financieros, ya que los investigados podrían obtener información privilegiada sobre las indagatorias y métodos de la UIF.
Justificación y alcance de la reserva de información
La reserva también se fundamenta en que la UIF realiza funciones relacionadas con la seguridad nacional, enfocadas en la prevención y detención de operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo. Por ello, el personal requiere protección para ejercer sus facultades con seguridad.
El plazo inicial de cinco años para mantener la reserva se considera adecuado para salvaguardar la integridad de los servidores públicos. Esta restricción culminará el 31 de mayo de 2029, pero puede extenderse otros cinco años según las circunstancias.
Impacto en solicitudes de información y transparencia
Actualmente, los nombres de los funcionarios que responden solicitudes de información vía Ley de Transparencia permanecen ocultos, apareciendo solo sus siglas. Por ejemplo, en junio pasado, una solicitud relacionada con funcionarios vinculados a investigaciones en Sinaloa fue respondida sin revelar nombres, en apego a esta reserva.
Esta práctica se suma a la reserva de información similar aplicada en otras dependencias federales como la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Información.
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