
Internacional, 7 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia al afirmar durante un mitin en Nebraska que Irán podría “destruir” ciudades como Los Ángeles y San Diego, calificando ese daño como un “precio muy pequeño a pagar”.
Estas declaraciones se dieron el lunes en un evento de campaña para el senador Pete Ricketts, en el contexto de las elecciones de mitad de mandato. Trump expresó su deseo de que Estados Unidos logre una victoria rápida en el conflicto con Irán.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó las palabras de Trump como “repugnantes” y las consideró motivo de descalificación. Además, señaló que podrían interpretarse como un acto de traición, dada la mención específica de las dos ciudades más grandes del estado y el centro naval de San Diego.
Por ello, Newsom ordenó al Centro Estatal de Evaluación de Amenazas aumentar la vigilancia para detectar posibles interpretaciones de estas declaraciones como una invitación a atacar.
Reacciones de autoridades y políticos locales
El candidato republicano a la Cámara de Representantes por San Diego, Jim Desmond, rechazó los comentarios de Trump. En su cuenta de X, Desmond afirmó que la responsabilidad principal del comandante en jefe es proteger a la nación y sus ciudadanos, y que ninguna ciudad estadounidense debe considerarse un daño colateral.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también criticó las declaraciones, asegurando que el papel del presidente es proteger al país, no amenazarlo. Por su parte, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, exigió una disculpa pública de Trump hacia los habitantes de su ciudad.
Matices desde la Casa Blanca y consecuencias
Ante la polémica, la Casa Blanca aclaró que Trump se refería a la amenaza que representaría Irán si no se detuviera su avance hacia armas nucleares. Steven Cheung, director de comunicaciones, indicó que el presidente hablaba sobre la necesidad de evitar que las ciudades estadounidenses fueran atacadas.
Estas declaraciones han generado un debate sobre la responsabilidad presidencial y la seguridad nacional, con autoridades locales tomando medidas para monitorear posibles riesgos derivados de la retórica presidencial.
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