10 DE DICIEMBRE DEL 2025 – INTERNACIONAL. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su campaña de presión contra la Corte Penal Internacional (CPI), exigiendo formalmente que el tribunal internacional modifique su documento fundacional, el Estatuto de Roma. El objetivo de esta inusual y fuerte demanda es claro: obtener una garantía explícita de que la corte no iniciará investigaciones o procesos judiciales contra el presidente republicano ni contra otros altos funcionarios de su administración. Esta movida, comunicada a miembros y al propio organismo, subraya la profunda desconfianza y el temor en Washington a posibles acciones legales una vez que el actual mandato presidencial llegue a su fin.
Un representante de la administración Trump, hablando bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto, reveló que la amenaza de nuevas y más severas sanciones pende sobre el tribunal si no se cumplen las exigencias estadounidenses. Esta acción, que no había sido reportada anteriormente, representa una escalada significativa en el conflicto de larga data entre Estados Unidos y la CPI. Desde hace tiempo, tanto líderes demócratas como republicanos han criticado al tribunal con sede en La Haya, argumentando que infringe la soberanía estadounidense al intentar juzgar a sus ciudadanos y líderes sin la ratificación formal de Washington a su tratado fundacional.
Ultimátum de Washington: Abandono de Tres Investigaciones Clave
La demanda de modificar el Estatuto de Roma no viene sola; el gobierno de Trump ha presentado un ultimátum que incluye otras dos exigencias cruciales para la Casa Blanca. Washington pide a la CPI que abandone por completo las investigaciones abiertas contra los líderes israelíes relacionadas con la guerra de Gaza y, además, que ponga fin de manera formal a la investigación que había iniciado previamente sobre las acciones de militares estadounidenses en Afganistán. Aunque el tribunal ha disminuido la prioridad de la pesquisa afgana sobre las tropas de EE. UU. desde 2021, el hecho de no haberla cerrado oficialmente mantiene una puerta abierta que genera inquietud en la capital estadounidense.
Si la Corte Penal Internacional no cede ante estas tres demandas, el representante gubernamental advirtió que Estados Unidos no dudará en imponer nuevas penalizaciones a más responsables del tribunal, incluyendo jueces y fiscales. Lo que es aún más alarmante, Washington contempla la posibilidad de sancionar a la propia Corte Penal Internacional como entidad. Este último paso intensificaría significativamente el impacto, ya que las sanciones a la entidad podrían perturbar gravemente sus operaciones diarias, afectando desde la capacidad de pagar salarios hasta el acceso a cuentas bancarias y software de oficina rutinario, minando su capacidad de trabajo esencial.
Temor a Procesos Judiciales Tras el Fin del Mandato Presidencial
La creciente presión estadounidense se alimenta de un profundo temor a las acciones que la Corte Penal Internacional podría emprender una vez que el presidente Trump ya no goce de la inmunidad inherente a su cargo. «Existe una creciente preocupación (…) de que en 2029 la CPI dirija su atención al presidente, al vicepresidente, al secretario de Guerra y a otros, y busque abrir procesos contra ellos,» dijo la fuente anónima de la administración. La advertencia fue directa: «Eso es inaceptable y no permitiremos que ocurra,» dejando clara la intención de Washington de usar todo su poder para bloquear cualquier proceso.
Este temor ha crecido a la luz de las recientes acciones de la CPI. En noviembre pasado, los jueces del tribunal emitieron órdenes de arresto contra figuras prominentes como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás, Ibrahim al-Masri, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad en el conflicto de Gaza. Este precedente refuerza la preocupación en Estados Unidos de que sus propios líderes y militares no están exentos de la lupa de la justicia internacional, impulsando la estrategia de mano dura contra la Corte Penal Internacional.
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.