Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar versiones públicas de los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus. La resolución responde a un amparo promovido por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y otras organizaciones.
El litigio comenzó en 2022, cuando R3D solicitó acceso a dos contratos firmados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa vinculada a la comercialización de Pegasus en México. Inicialmente, la Sedena negó la existencia de dichos documentos, pero investigaciones y documentos filtrados confirmaron contrataciones por más de 140 millones de pesos para un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
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Confirmación judicial y contexto del caso contratos Pegasus
En enero de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Sedena entregar versiones públicas de los contratos. La Sedena localizó los documentos, pero clasificó su contenido como reservado por cinco años, argumentando riesgos para la seguridad nacional. R3D promovió un amparo que en junio de 2024 fue concedido por un juez de distrito.
La Sedena impugnó la sentencia, pero el Tribunal Colegiado desestimó sus argumentos. El tribunal señaló que la negativa de entregar la información vulneraba derechos de acceso a la justicia y a la información. Además, reiteró que el INAI ya había resuelto que la información debía ser pública y que la autoridad no puede negar su entrega alegando reserva una vez que el órgano garante se pronunció.
Impacto y siguientes pasos en vigilancia y transparencia
Este caso forma parte de investigaciones sobre el uso de Pegasus en México, donde el Centro Militar de Inteligencia operó el software durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. R3D y otras organizaciones han documentado casos de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos. También han denunciado la negativa del Ejército a colaborar con la Fiscalía General de la República en estas indagatorias.
La entrega de los contratos permitirá avanzar en la transparencia sobre la adquisición de tecnologías de vigilancia por autoridades federales. R3D ha propuesto recomendaciones para regular estos procesos, como el registro de proveedores y controles en contrataciones. Las organizaciones esperan que la resolución judicial ayude a esclarecer abusos, establecer responsabilidades y evitar futuros casos de espionaje ilegal.
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