Sinaloa, 14 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme anunciaron la toma indefinida de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, en rechazo al proyecto que consideran un riesgo para el ecosistema y la supervivencia de sus pueblos originarios.
El gobernador indígena de Ohuira, Felipe Montaño Valenzuela, explicó que la protesta iniciará el 15 de junio y será hasta obtener resultados concretos. La demanda principal es la suspensión inmediata de las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que construye una planta con capacidad para producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco.
La planta, financiada con 860 millones de dólares por el banco alemán KfW IPEX-Bank, ha sido criticada por su impacto ambiental. Según Montaño, la extracción de 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco y su posterior descarga con temperaturas hasta tres grados superiores afectará gravemente la bahía y la pesca, base alimentaria de las comunidades indígenas.
Además, se ha alertado sobre posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, poniendo en riesgo a más de 40,000 personas. Montaño destacó que Topolobampo carece de infraestructura de emergencia para atender un accidente de esta magnitud.
El área afectada incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR por su importancia internacional, que alberga especies como aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas y crustáceos. La construcción ya ha provocado rellenos de 28 hectáreas de humedales y la pérdida de manglares, con migración de fauna local.
La resistencia indígena se ha mantenido durante 12 años, con apoyo de científicos y organismos internacionales como la ONU. En 2022, la Suprema Corte ordenó una consulta indígena sobre el proyecto, pero Montaño denunció irregularidades, incluida la inclusión de comunidades no afectadas y supuestas compras de conciencias, lo que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Diálogo con autoridades y exigencias
Tras una reunión con autoridades ambientales mexicanas, incluyendo a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, las comunidades aceptaron participar en mesas de trabajo siempre que se suspendan las obras en paralelo. Montaño recalcó que sin esta condición no habrá diálogo efectivo.
Impacto social y ambiental en Sinaloa
El proyecto amenaza a más de 6,600 indígenas en las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río. La planta, con un avance del 88%, representa para ellos un riesgo de etnocidio y ecocidio, pues podría desplazar a los pueblos originarios y destruir su entorno natural.
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