
Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila anular un criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca monitorear y sancionar a medios durante las campañas electorales. La ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho propone dejar sin efectos la variable 14 de los lineamientos para el Proceso Electoral 2026-2027, que identifica mecanismos indirectos de descalificación de candidatas y candidatos.
Esta variable pretendía detectar formas no explícitas en las transmisiones que pudieran afectar la percepción pública sobre una candidatura. Sin embargo, la magistrada argumenta que esta herramienta limita el debate de ideas y la formación de opinión, por lo que no debe mantenerse vigente.
La metodología aprobada por el INE en junio incluye el análisis de elementos audiovisuales como tono de voz, gestos y expresiones faciales, lo que generó preocupación entre periodistas y medios. Temen que la autoridad electoral valore aspectos subjetivos del trabajo periodístico para determinar si una cobertura constituye una descalificación indirecta.
Este planteamiento abre un debate sobre el equilibrio entre la vigilancia electoral y la libertad de expresión. Por un lado, el INE busca garantizar condiciones equitativas en la contienda; por otro, se protege el derecho de medios y ciudadanos a informar, opinar y criticar libremente.
Implicaciones del fallo del TEPJF
Si la Sala Superior del TEPJF aprueba la propuesta, el INE no podrá usar esta variable para monitorear las transmisiones durante las campañas federales. Esto representa un freno a la intención del instituto de regular la cobertura mediática con base en criterios subjetivos.
Además, el fallo enviaría un mensaje claro sobre los límites que deben respetar las autoridades electorales para no interferir en la libertad de expresión de periodistas y comunicadores durante los procesos electorales.
Libertad de expresión y vigilancia electoral
El proyecto de sentencia destaca la importancia de no restringir el intercambio de ideas en el marco electoral. La variable cuestionada podría cruzar la frontera entre la regulación necesaria para la equidad y la censura indirecta.
De esta forma, el Tribunal Electoral reafirma la necesidad de proteger la libertad de prensa y el derecho a la información, mientras se mantiene la supervisión para evitar desequilibrios en la competencia política.
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