
Cancún, 17 de noviembre de 2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos asuntos judiciales relacionados con la concesión del servicio de agua potable que presta Aguakan en cuatro municipios de Quintana Roo. Esta decisión coloca en manos del máximo tribunal la resolución sobre la legalidad de la suspensión judicial que ha permitido a la empresa continuar operando, así como el conflicto por la cancelación de la ampliación de su concesión hasta 2053.
Origen y contexto del conflicto
La controversia se remonta a 2014, cuando durante el gobierno de Roberto Borge Angulo se extendió la concesión de Aguakan y se incorporó a Playa del Carmen al esquema de prestación del servicio. En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el Decreto 195 para dejar sin efectos esa ampliación, argumentando presuntas irregularidades en su otorgamiento e incumplimientos en el servicio por parte de la empresa.
Sin embargo, Aguakan promovió un amparo y en enero de 2024 consiguió una suspensión definitiva que le permitió seguir operando mientras se resuelve el fondo del asunto. Los procedimientos que ahora revisará la Suprema Corte están relacionados con esta suspensión y el fondo del amparo contra la decisión legislativa.
Implicaciones y próximos pasos
La resolución que emita la Corte tendrá implicaciones directas para los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde Aguakan presta servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Si la Suprema Corte determina retirar la suspensión, el Gobierno estatal y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) podrían avanzar en la recuperación de la infraestructura hidráulica antes de que concluya el juicio principal.
No obstante, la atracción de los expedientes por parte del máximo tribunal no significa que Aguakan haya perdido la concesión ni que el Gobierno estatal pueda asumir inmediatamente el servicio. La decisión definitiva dependerá de las resoluciones que emita la SCJN en los próximos meses.
Este proceso judicial es clave para definir el futuro del servicio de agua potable en esta región y la administración de la infraestructura hidráulica que afecta a miles de habitantes.
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