Ciudad de México, 20 de junio de 2026.- A una década de la implementación plena del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en México, especialistas y análisis oficiales coinciden en que persisten rezagos importantes en capacitación y operación, a pesar de una inversión acumulada superior a 44 mil millones de pesos.
Este modelo, que entró en vigor inicialmente en 2008 y se consolidó en todo el país en 2016, buscó sustituir el sistema tradicional basado en expedientes en papel y confesiones escritas, por un esquema más transparente con audiencias públicas y juicios orales.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) supervisó la transición, que incluyó la construcción de salas equipadas con tecnología audiovisual y la capacitación de policías, fiscales, jueces y magistrados. Sin embargo, el avance ha sido desigual entre las entidades federativas.
Los especialistas consultados señalan que la ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa ha afectado negativamente el objetivo de reducir la población penitenciaria sin condena. José Elías Romero Apis, abogado y exsubprocurador, calificó esta medida como “inexplicable” y destacó la importancia de fortalecer la capacitación del personal operativo, que considera abandonada.
Por su parte, María Elena Morera, activista de Causa en Común, alertó que la cifra negra de delitos no denunciados sigue siendo alta, con extorsión y secuestro alcanzando hasta un 97 y 98 por ciento respectivamente, según la ENVIPE 2025. También criticó la reforma al Poder Judicial de 2024, que incorporó jueces sin perfiles técnicos adecuados, ralentizando el sistema.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, reconoció avances en transparencia y protección a víctimas, pero enfatizó que la impunidad sigue siendo un problema grave que limita el desarrollo económico y social del país.
Sistemas y capacitación, desafíos persistentes
La implementación del sistema penal requirió inversiones en infraestructura, tecnología y formación de personal. Sin embargo, la falta de capacitación adecuada y la corrupción han limitado su efectividad, manteniendo una impunidad superior al 90 por ciento en los delitos denunciados.
Impacto en la justicia y la sociedad
El sistema ha logrado que los procesos sean públicos y que los jueces participen activamente en las audiencias, lo que representa un avance en transparencia. No obstante, la desconfianza social y la lentitud judicial continúan afectando la percepción y el acceso a la justicia.
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