El Gobierno de México, a través de sus secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad, cerró filas en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones presentadas en una corte de Nueva York. Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores, informó que se ha enviado una nota diplomática formal al gobierno estadounidense solicitando las evidencias que respalden los señalamientos de presunta conspiración de narcotráfico. Hasta la fecha, 12 de mayo de 2026, la administración mexicana sostiene que no se han recibido elementos de convicción suficientes que permitan dar validez a las imputaciones extranjeras.
Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue categórico al señalar que las autoridades federales no detectaron conductas irregulares durante la gestión del sinaloense. “No se detectó”, aseguró el funcionario, subrayando que no existe actualmente ninguna investigación abierta por parte del gobierno mexicano en contra de Rocha Moya. Esta postura institucional busca defender la soberanía jurídica del país, exigiendo que cualquier proceso de extradición o detención se apegue estrictamente al debido proceso y a la entrega de pruebas contundentes.
Falta de evidencias en el presunto vínculo con el crimen
La Cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR) han coincidido en que las solicitudes enviadas desde Washington carecen de sustento probatorio para proceder legalmente en territorio nacional. Velasco destacó que, aunque existe una comunicación constante con la Embajada de EE. UU. y el Departamento de Estado, la documentación probatoria adicional simplemente no ha llegado. Ante este vacío informativo, México mantiene su posición de que las acusaciones de colaboración con el Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura no tienen, por ahora, base jurídica en el país.
A pesar de la tensión diplomática, el gabinete de seguridad reforzó su presencia en el estado de Sinaloa para garantizar la estabilidad durante la transición hacia la gubernatura interina de Yeraldine Bonilla. Omar García Harfuch reiteró durante una visita a la entidad que “por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio” de actividades ilícitas previas por parte de los funcionarios señalados. El gobierno federal enfatiza que su prioridad es la seguridad de los sinaloenses y la institucionalidad, mientras se espera una respuesta formal a la nota diplomática enviada a finales de abril.
Tensión diplomática por el presunto vínculo con el crimen
El caso ha escalado a un nivel de fricción bilateral que pone a prueba la cooperación en seguridad y podría tener implicaciones colaterales en acuerdos como el T-MEC. Mientras Rocha Moya califica las imputaciones de la corte de Nueva York como un “ataque político” y las rechaza de forma absoluta, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene bajo reserva los detalles de su investigación contra al menos nueve funcionarios. Esta discrepancia en la información compartida ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del intercambio de inteligencia entre ambas naciones bajo los marcos actuales de colaboración.
Internamente, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una fuerte presión política, dado que encuestas recientes reflejan que un sector de la opinión pública otorga credibilidad a los señalamientos externos. Esto obliga al gobierno de Morena a mantener una postura de transparencia absoluta mientras defiende la presunción de inocencia de sus cuadros políticos. El desenlace de este conflicto dependerá enteramente de si Estados Unidos decide liberar las pruebas que dice poseer o si la nota diplomática mexicana queda sin una respuesta satisfactoria en las próximas semanas.
