“Todo lo que estamos viendo es un Show de impunidad”, afirma el analista Edgardo Buscaglia para referirse a la forma en que reaccionó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que cerró filas para “frenar la justicia”, tras la acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunto pacto con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
“El sistema político, por acción u omisión, genera una impunidad institucional cuando protege a sus miembros; esto ya se ha visto en otros países (…) Se genera una impunidad impenetrable”, aseguró el especialista en crimen organizado, durante el programa Aristegui en Vivo.
Las declaraciones las emitió este lunes, cuando la mandataria confirmó que su gobierno le adjudicó a Rocha Moya seguridad y escoltas pagados con los impuestos de los mexicanos, hecho que ha sido ampliamente cuestionado y también está generando debate.
El Gobierno Federal injustificadamente le asignó escoltas a Rubén Rocha Moya.
Temen que en cualquier instante, Donald Trump envíe al Delta Force o los Navy Seals a capturarlo.
Saben que si Rocha cae en manos estadounidenses, el próximo en caer será López Obrador.
Ojalá así… pic.twitter.com/8o9LEw4p2l
— Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) May 4, 2026
México se comporta como una mafiocracia
Explicó que esta actitud es propia de “los países con sistemas políticos mafiocráticos, cuando hay órdenes de extradición el poder político cierra filas y se vuelve ‘purista’ del derecho para frenar la justicia”, afirmó el analista Edgardo Buscaglia.
Sin embargo, cuando México solicita la extradición de personas de otros países, no se aportan las pruebras que ahora se piden, ya que Mexico ha extraditado a Estados Unidos a por lo menos 92 personas sin el debido proceso.
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Hoy no tomó su dosis de litio y afloró su trastorno histriónico.
Es terrible que Claudia Sheinbaum no pueda contener sus emociones y convierta una conferencia de prensa en una reyerta personal.
Ningún presidente había actuado con esa ligereza y emotividad barata.
Ya… pic.twitter.com/O32XDuAvRU
— Vero Islas (@LOVREGA) May 4, 2026
La acusación que consta en un acta de 34 páginas emitida por un gran jurado, detonó una crisis bilateral, mientras en México el gobierno federal sostuvo que no existen elementos probatorios suficientes para proceder con una detención urgente con fines de extradición, en tanto algunos de los implicados han optado por solicitar licencia a sus cargos y otros han decidido mantenerse en funciones.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Buscaglia explicó que el documento estadounidense no solo incluye nombres, sino la descripción de hechos que la ley tipifica como delitos y una probable responsabilidad de los señalados.
No es un fiscal aislado ni una decisión política; es un procedimiento formal en el que ciudadanos determinaron que hay elementos suficientes para acusar.
Mofarse y atacar como lo hace @Claudiashein es como responden los criminales cuando se sienten perdidos.
No voy a referirme a la cascada de tonterías que dijo en su mañanera, es más interesante y revelador la manera como gesticula: manotea ansiosa, se carcajea por envidia y… pic.twitter.com/jvYDbrDoB4
— Elena Chávez (@luzelenachavez8) May 4, 2026
¿Qué es y cómo funciona el gran jurado que emitirá fallo del caso Rocha Moya en EE.UU.?
El experto en crimen organizado explicó que el llamado “gran jurado” está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos seleccionados de forma aleatoria, quienes evalúan los datos presentados por la fiscalía.
Asimismo dijo que éstos “no determinan culpabilidad, determinan probable responsabilidad; la prueba se construye después, en el juicio, mediante el debate entre las partes”, subrayó.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura de su administración y sostuvo que corresponde a las autoridades estadounidenses aportar pruebas para que la Fiscalía mexicana pueda actuar.
Pedir pruebas es ignorancia y “disparate jurídico”: Buscaglia; lo que hay son datos
“Que envíen las pruebas que tienen y, si es el caso, actuará la Fiscalía”, declaró la presidenta en conferencia, donde además enmarcó el caso en la defensa de la soberanía nacional y cuestionó la difusión pública del expediente.
Al respecto, Buscaglia rechazó ese planteamiento y señaló que exigir pruebas en esta etapa procesal “es un disparate jurídico”.
“Lo que existen son datos que sustentan la acusación; la prueba surge en el juicio, pedir pruebas ahora es desconocer cómo funciona el proceso penal”.
Explicó que en esta etapa se presentan datos para establecer una probable responsabilidad, mientras que la prueba surge en el juicio, a partir del debate entre las partes.
“Lo que corresponde es permitir que la justicia funcione y que sea un juez quien determine, con base en ese debate, si existen o no pruebas”, concluyó.
La publicación de la acusación no viola la confidencialidad porque es pública
Asimismo, negó que la publicación del documento represente una violación a la confidencialidad.
“Las actas de acusación son públicas en sistemas democráticos una vez que el gran jurado determina que hay una probable responsabilidad; no hay filtración”, sostuvo y advirtió que la reacción del gobierno mexicano podría interpretarse como parte de un patrón histórico.
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Esta crisis bilateral podría afectar la relación comercial
Además, alertó sobre posibles repercusiones en la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente en el ámbito económico y dijo que “este tipo de conflictos puede trasladarse a negociaciones comerciales y generar costos importantes para México”, y sostuvo que el proceso debe seguir su curso conforme a derecho y sin interferencias.
“Estas personas son inocentes hasta que un juicio determine lo contrario; eso no está en discusión”, afirmó.
