
Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México solicitará a Estados Unidos la entrega de todos los bienes incautados a narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco para destinarlos al beneficio del pueblo mexicano.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta petición se hará conforme a las leyes vigentes, ya que el principal daño económico y social causado por estas actividades ilícitas se registró en territorio mexicano.
En relación con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del narcotráfico, la mandataria aclaró que la cifra de 15 mil millones de dólares corresponde a una estimación del daño provocado durante su actividad criminal, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, no se cuenta con la identificación precisa de esos bienes.
La presidenta también informó sobre la reciente recuperación de 500 mil dólares vinculados al caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Estos recursos serán destinados a un fin específico, aunque no se detalló cuál.
Bienes incautados y su impacto en México
La solicitud de entrega de bienes incautados busca recuperar recursos que fueron producto de actividades ilícitas que afectaron la economía y seguridad del país. La medida representa un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.
Sheinbaum enfatizó que el gobierno hará todo lo necesario para que estos recursos se utilicen en beneficio directo de la población, reforzando la justicia y la reparación del daño causado por el narcotráfico y la delincuencia de cuello blanco.
Acciones legales y recuperación de activos
El anuncio se enmarca en una estrategia para fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia y recuperación de activos. La presidenta destacó que la coordinación con Estados Unidos es fundamental para lograr la entrega legal de estos bienes.
Este proceso permitirá que México recupere parte de los recursos desviados por actividades ilícitas, lo que podría traducirse en mayor inversión social y combate a la inseguridad.
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