Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) utilice recursos públicos para pagar un seguro de gastos médicos mayores a sus ministros. En su conferencia matutina, la mandataria señaló que si los ministros desean contratar una póliza privada, deben cubrirla con su propio salario.
Sheinbaum cuestionó que los integrantes del máximo tribunal busquen recuperar prestaciones que ya fueron eliminadas como parte de las medidas de austeridad implementadas en el Poder Judicial tras la reforma judicial. “No estoy de acuerdo con que haya privilegios”, afirmó, y agregó que los ministros pueden atenderse en el ISSSTE o el IMSS-Bienestar.
La mandataria enfatizó que el uso de recursos públicos para este tipo de seguros representa un privilegio que contradice la política de austeridad que debe prevalecer entre los servidores públicos. “Hay que comportarse con humildad. Tienen un buen salario, el mismo que la presidenta”, recalcó.
La controversia surge luego de que la Suprema Corte eliminara el pago del seguro de gastos médicos mayores para su personal y estableciera un esquema de atención mediante el ISSSTE. Documentos oficiales indican que esta medida forma parte de la reforma judicial que busca optimizar recursos y eliminar prestaciones adicionales financiadas con presupuesto público.
Sheinbaum insiste en austeridad en el Poder Judicial
La presidenta insistió en que los ministros tienen libertad para contratar un seguro privado, pero no considera correcto que el costo sea absorbido por el erario. “No a los privilegios”, sostuvo, al recordar que la austeridad debe aplicarse también en el Poder Judicial.
Esta postura coincide con una línea central de su administración: reducir prestaciones adicionales financiadas con recursos públicos y fortalecer el uso de las instituciones públicas de salud. En enero pasado, Sheinbaum afirmó que ningún funcionario público debía recibir seguro de gastos médicos mayores y que esos recursos deberían canalizarse al fortalecimiento de los servicios públicos.
Impacto y seguimiento de la medida
La decisión de la SCJN y el rechazo de la presidenta reflejan un debate sobre el uso eficiente de los recursos públicos y la eliminación de privilegios en el sector público. El seguimiento a esta controversia podría definir si se mantiene la austeridad en el Poder Judicial o si se reestablecen prestaciones como el seguro médico privado pagado con fondos públicos.
Por ahora, la postura oficial es clara: los ministros deben costear sus seguros médicos privados con su salario y utilizar los servicios públicos de salud disponibles para los servidores públicos.
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