
Ciudad de México, 16 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que, en el caso del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar si existen pruebas suficientes para proceder en una investigación por presunto uso indebido de recursos públicos.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que si se detecta que se utilizaron recursos federales para fines ilícitos, la ASF debe realizar una auditoría y la FGR debe investigar el caso penalmente. Además, indicó que la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato ya exoneró al exmandatario en esta materia.
Respecto a la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participe en la investigación, la mandataria federal confirmó que debe ser así, tras recibir información sobre hallazgos relacionados con el caso. Esto responde a una investigación periodística que documenta contratos millonarios otorgados a la empresa Seguritech Privada desde 2012 por diversos gobiernos estatales y municipales.
La especialista Marcela Figueroa Franco explicó que los proyectos de seguridad que involucran recursos federales deben ser presentados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que valida la necesidad, aspectos técnicos y precios de los contratos. Posteriormente, cada entidad realiza sus procesos de licitación conforme a sus leyes, y la ASF supervisa el ejercicio fiscal.
Sheinbaum enfatizó que la tecnología contratada para seguridad es solo una herramienta y que la eficacia depende de servidores públicos honestos y profesionales. Criticó que, a pesar de avances tecnológicos como cámaras e inteligencia artificial, sin integridad en la administración pública los recursos pueden ser mal utilizados.
Responsabilidad en la gestión de recursos públicos
La presidenta destacó que la transparencia y la honestidad son fundamentales para que las inversiones en seguridad pública sean efectivas. Subrayó que la tecnología por sí sola no resuelve problemas si no existe un compromiso ético en el manejo de los recursos.
Implicaciones para la investigación federal
El caso de Diego Sinhue pone en el centro la función de la ASF y la FGR para esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos. La participación de la UIF podría fortalecer la investigación financiera y penal, en un contexto donde la vigilancia ciudadana y periodística ha revelado contratos millonarios en el sector seguridad.
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