
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecer las reglas para la propaganda en redes sociales durante las elecciones federales de 2027.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el INE es la institución autónoma encargada de organizar los comicios y que el TEPJF es la autoridad que califica los resultados electorales. Por ello, ambos organismos deben definir las características y límites de la propaganda en plataformas digitales.
“Desde mi perspectiva, es el Instituto Nacional Electoral quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda”, señaló la mandataria. Esta regulación es clave para garantizar procesos transparentes y evitar abusos en la difusión de mensajes políticos en redes sociales.
La presidenta también destacó la diferencia con otros países, como Colombia, donde el conteo de votos está a cargo de una empresa privada. En México, enfatizó, el recuento lo realizan los ciudadanos a través de los representantes de casilla, lo que fortalece la confianza en el sistema electoral.
“En México quien cuenta los votos son las y los ciudadanos”, afirmó Sheinbaum, subrayando la importancia de mantener la organización electoral en manos del INE y la participación ciudadana en el conteo.
Importancia de regular la propaganda en redes sociales
La regulación de la propaganda en redes sociales se vuelve cada vez más relevante ante el crecimiento del uso de estas plataformas para campañas políticas. El INE y el TEPJF tienen la responsabilidad de establecer límites claros que eviten la desinformación y el uso indebido de recursos durante el proceso electoral.

Impacto en las elecciones federales 2027
La definición de reglas para la propaganda digital influirá directamente en la equidad de la contienda electoral. Al establecer parámetros claros, se busca garantizar que todos los actores políticos compitan en condiciones justas y que la ciudadanía reciba información veraz y oportuna.
El seguimiento a esta regulación será clave en los próximos meses, conforme se acerquen las elecciones de 2027, para asegurar que el proceso se desarrolle con transparencia y respeto a la ley.
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