
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) atender el paro de trabajadores en los módulos de atención ciudadana. Los empleados protestan por sus condiciones laborales y salarios, que oscilan entre cinco mil y nueve mil pesos mensuales.
Sheinbaum señaló que es responsabilidad del INE garantizar condiciones laborales adecuadas para estos trabajadores. La manifestación se mantiene activa y busca un incremento salarial mayor al ofrecido por el órgano electoral.
Por otra parte, la mandataria federal se refirió a las investigaciones en curso contra Guadalupe Taddei, expresidenta del INE. Sobre la posibilidad de un acuerdo para evitar un proceso penal, Sheinbaum aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para proceder legalmente.
“Eso lo determina la Fiscalía. Si hay suficientes elementos para un procedimiento penal, debe definirse. En cuanto a responsabilidades administrativas, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación”, explicó la presidenta.
Sheinbaum evitó comentar versiones sobre acuerdos para evitar prisión a Taddei y enfatizó que las instituciones competentes deben resolver cualquier responsabilidad penal o administrativa.
El paro parcial de los trabajadores de los módulos del INE refleja tensiones por la negativa del órgano electoral a otorgar un aumento salarial superior al 6%. Esta situación afecta la atención ciudadana y pone en evidencia la necesidad de revisar las condiciones laborales en el servicio público electoral.
Sheinbaum pide al INE atender paro laboral
La presidenta insistió en que el INE debe responder a las demandas laborales para evitar afectaciones en la operación de los módulos. La protesta se mantiene vigente mientras continúan las negociaciones.
Investigación contra Guadalupe Taddei sigue en manos de autoridades
Respecto a la investigación contra la exfuncionaria, Sheinbaum destacó que la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación son las encargadas de definir el curso legal. No se han confirmado acuerdos para evitar procesos penales.
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