Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la denuncia contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, por presunto conocimiento y ocultamiento de operaciones de agencias estadounidenses en la entidad, fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que no existen pruebas públicas que vinculen directamente a Campos con la orden del operativo que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. La mandataria señaló que corresponde a la FGR determinar si hay responsabilidad penal.
La denuncia fue presentada por la familia de Richard Halliday, militar estadounidense fallecido en el operativo. En un correo electrónico enviado a la Fiscalía federal, los familiares acusaron a la gobernadora de conocer las actividades de los agentes y de manipular la investigación sobre la muerte de Halliday.
El mensaje, que forma parte del expediente penal 408/2026, también señala un supuesto intercambio de información de inteligencia entre Campos y agencias estadounidenses sin informar al gobierno federal mexicano. Además, cuestiona un acuerdo firmado en 2022 entre la gobernadora y el gobernador de Texas, Greg Abbott, por permitir actividades conjuntas al margen de las autoridades mexicanas.
Sheinbaum niega pacto político y destaca papel de la FGR
La presidenta negó que exista un pacto político para afectar al exfiscal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Sheinbaum reiteró que la FGR es la instancia encargada de investigar y deslindar responsabilidades.
En una entrevista difundida recientemente, Campos reconoció conocer un operativo para localizar un laboratorio clandestino, pero negó saber sobre la participación de agentes estadounidenses antes del accidente ocurrido el 19 de abril de 2026.
Implicaciones y próximos pasos en la investigación
La denuncia y las evidencias presentadas por la familia Halliday podrían ampliar la investigación federal sobre la cooperación entre autoridades de Chihuahua y agencias de Estados Unidos. La FGR deberá analizar la posible intervención de Campos y otros funcionarios en la investigación y en las operaciones de inteligencia.
De esta forma, el caso sigue en manos de la Fiscalía General de la República, que definirá el curso legal y las responsabilidades correspondientes.
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