Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar los resultados de la auditoría que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) antes de presentar una denuncia penal contra Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del INE, señalada por posibles actos de corrupción.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de determinar si existen elementos para proceder legalmente contra Taddei. “Lo primero que tiene que haber es una auditoría y después de la auditoría, lo que se encuentre, si tiene algún asunto penal, pues que se presente a la Fiscalía”, explicó.
La mandataria insistió en que no se deben adelantar conclusiones ni acusaciones sin una investigación formal. “No se adelanten”, subrayó, al tiempo que recordó que la FGR debe realizar su propia indagatoria para deslindar responsabilidades.
Estas declaraciones se dieron luego de que el consejero electoral Arturo Castillo advirtiera que las acciones de Guadalupe Taddei podrían constituir delitos graves, incluyendo enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. Castillo señaló que, en términos del artículo 19 constitucional, estos delitos podrían ameritar prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, aclaró que será la Fiscalía quien determine la existencia de delitos y las sanciones correspondientes. La advertencia de Castillo generó un llamado a la prudencia por parte de Sheinbaum para respetar los procesos legales y evitar juicios anticipados.
Auditoría del INE como paso inicial
La auditoría que realiza el INE es el primer paso para esclarecer las posibles irregularidades en la gestión de Taddei. Este proceso busca verificar el manejo de recursos y el cumplimiento de las normativas electorales durante su administración.
Fiscalía decidirá acciones legales
Una vez concluida la auditoría, la Fiscalía General de la República evaluará si existen elementos para iniciar una investigación formal y presentar denuncias penales. La actuación de la FGR será clave para definir responsabilidades y posibles sanciones.
De esta forma, el caso seguirá un proceso legal que deberá respetar el debido proceso y garantizar la transparencia en la resolución.
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