Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto de transparencia digital que será incorporado a la Ley General de Transparencia en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Esta medida busca garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública del gobierno federal.
Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum explicó que el decreto elimina la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información se puede divulgar. En su lugar, se establecen criterios claros para la difusión de datos gubernamentales, asegurando que la transparencia sea una norma y no una decisión individual.
La mandataria señaló que la información solo podrá restringirse cuando esté relacionada con procesos judiciales o administrativos en curso, o cuando su divulgación comprometa la seguridad nacional. Esto limita las excepciones para proteger datos sensibles sin afectar el derecho a la información pública.
Por su parte, Raquel Buen Rostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que el decreto se basa en cuatro ejes principales para ampliar la transparencia en todas las dependencias federales. Destacó que el objetivo es que las instituciones publiquen más información de la que la ley actualmente exige.
Buen Rostro recordó que tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia enfrentó constantes fallas técnicas. Actualmente, se trabaja en estabilizar este sistema, desarrollado hace más de ocho años, para garantizar un acceso oportuno y confiable a la información pública.
Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer la rendición de cuentas y facilitar que los mexicanos conozcan las acciones del Ejecutivo. La incorporación del decreto a la Ley General de Transparencia será un paso clave para consolidar estos cambios en el marco legal.
Impacto del decreto de transparencia digital
El decreto establece lineamientos específicos que obligan a los servidores públicos a publicar información relevante sin dejarlo a su criterio. Esto representa un avance en la lucha contra la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de datos gubernamentales.
Además, la modernización y estabilización de la Plataforma Nacional de Transparencia permitirá que la ciudadanía acceda a información actualizada y confiable. La medida también protege datos sensibles relacionados con la seguridad nacional y procesos legales en curso.
Reformas y seguimiento en el Congreso
La presidenta anunció que el decreto será presentado formalmente para su incorporación en la Ley General de Transparencia al inicio del siguiente periodo legislativo. Esto implica que el Congreso deberá analizar y aprobar la reforma para que tenga fuerza de ley.
El seguimiento a esta iniciativa será clave para evaluar su aplicación práctica y el impacto real en el acceso a la información pública. La sociedad civil y organismos especializados estarán atentos a que se cumplan los criterios establecidos y se mantenga la transparencia en el gobierno federal.
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